Un grupo parlamentario británico investigará el uso de fondos públicos que en el pasado ayudaron a empresas de armas a conseguir contratos con regímenes dictatoriales como el de Robert Mugabe de Zimbabue, revela hoy "The Guardian".

Los directivos de las principales empresas de armas serán convocados por el llamado grupo multipartito sobre responsabilidad corporativa internacional de la Cámara de los Comunes para que expliquen estos acuerdos, agrega el periódico.

La pesquisa está centrada en torno al llamado Departamento de Créditos de Exportación Garantizados (ECGD, por sus siglas en inglés), cuya misión es ayudar a los exportadores a obtener contratos a través de fondos públicos garantizados en caso de que el comprador no llegue a cumplir con sus compromisos contractuales.

Los diputados, que empezarán con estas convocatorias la próxima semana, están preocupados porque muchos de estos préstamos ayudaron a dictadores a acumular un importante arsenal de armas y perpetrar abusos de los derechos humanos, subraya el periódico británico.

Entre otras cosas, el citado departamento facilitó la compra que hizo Argentina hace más de treinta años de dos destructores Type 42 y dos helicópteros Lynx, utilizados en la ocupación de las islas Malvinas el 2 de abril de 1982, según el diario.

Además, los diputados investigarán la compra que hizo Zimbabue de cinco aviones de combate Hawk a la empresa BAE Systems, la principal del sector en el Reino Unido, entre 1989 y 2002.

Según "The Guardian", el Gobierno de Mugabe desplegó estos aviones en la guerra de la República Democrática del Congo contra rebeldes entre 1998 y 2002, uno de los conflictos más sangrientos de África que causó la muerte de 5,4 millones de personas.

El departamento también permitió que el exdictador egipcio Hosni Mubarak y su predecesor, Anwar Sadat, compraran armas, helicópteros y misiles, de acuerdo con el rotativo.

Los diputados pedirán a los ejecutivos que faciliten pruebas sobre estos contratos y llamarán a declarar a expolíticos a fin de que expliquen por qué estos acuerdos pudieron ser aceptados.

En los pasados años ochenta, el ECGD contaba con una fuerza laboral de 4.000 personas en todo el Reino Unido y ofreció el respaldo a más del 40 % de las exportaciones.

La diputada laborista Lisa Nady, que preside el grupo multipartito a cargo de la pesquisa, ha señalado al diario que el ECGD comprometió "miles de millones de libras del dinero del contribuyente" a proyectos que han estado sujetos a las "críticas" por casos de abusos de los derechos humanos.

Nady consideró "vital" convocar a estas personas para "mirar seriamente" todo lo que ha ocurrido.

El departamento, agregó la diputada, tiene "la responsabilidad de gastar el dinero de manera ética y efectiva. En el pasado parece que esa responsabilidad no fue tomada en serio".

Esta investigación, no obstante, no tiene el poder legal para forzar a los ejecutivos o políticos a presentar pruebas.