El Gobierno de España reiteró hoy ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU su compromiso con el Estado del bienestar y defendió que los recortes presupuestarios buscan racionalizar los recursos del país.

"Se está intentando mantener el Estado del bienestar a través de una racionalización de los recursos", dijo Jaime Hermida, director adjunto de la oficina de Derechos Humanos del ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, durante el 48 periodo de sesiones del DESC, que evaluó el quinto informe periódico de España.

Hermida afirmó que la crisis económica ha obligado a "una serie de ajustes y modificaciones de los presupuestos de las diferentes administraciones", y admitió que "esto va a afectar a cómo se desarrollan las políticas sociales y de todo tipo", pero insistió en que se está teniendo en cuenta la situación de los más vulnerables.

"Se están realizando los ajustes de manera que no afecten a los derechos, y que se mantengan las prestaciones a las personas que más las necesitan", dijo el representante del ministerio de Exteriores.

Hermida formó parte de un equipo de 17 altos cargos de los ministerios de Empleo y Seguridad Social; Educación, Ciencia y Deporte; Justicia; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Fomento y Exteriores, que presentaron al Comité las políticas españolas, coordinados por la embajadora española ante la ONU, Ana Menéndez.

Isaac Salama, jefe del Área Constitucional del ministerio de Justicia, defendió con cifras las iniciativas del Gobierno, señalando que en la actualidad España dedica el 64 % de su presupuesto, excluyendo la financiación autonómica, a la protección social, un aumento con respecto a presupuestos anteriores.

La cantidad total es menor, dado el recorte de 25.000 millones de euros del presupuesto, pero porcentualmente se ha producido un aumento del 6 % en las políticas sociales, según el Gobierno.

Aunque el periodo evaluado comprendía los años 2004-2009, la crisis económica y los recientes ajustes presupuestarios del Gobierno condicionaron el debate y las intervenciones de los expertos internacionales que forman parte de este Comité.

Estos expertos, que supervisan el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la que España es signataria, expresaron su preocupación por los recortes de partidas sociales en medio de la crisis y cifraron en un 22 % el número de españoles cerca del umbral de la pobreza.

El ecuatoriano Jaime Marchán Romero manifestó que las políticas adoptadas por el Gobierno español "lucen insuficientes en el contexto de la crisis económica para dar una respuesta satisfactoria y para defender los derechos económicos y sociales de la población, en particular de los grupos más vulnerables".

Marchán Romero denunció la ausencia de un plan nacional contra la pobreza y la exclusión social, el desahucio de muchas familias por su incapacidad para hacer frente a sus deudas, las altas tasas de abandono escolar y el incremento de las tasas universitarias.

"¿Por qué son los pobres los que tienen que pagar una crisis que no causaron?", preguntó el experto ecuatoriano.

Los representantes españoles subrayaron que la respuesta del actual Gobierno pasa por un saneamiento de las cuentas de la economía española y por la creación de puestos de trabajo, como ejes articuladores de la recuperación y del regreso al crecimiento.

"Este Gobierno parte de una premisa. El mayor enemigo de la situación problemática de muchos españoles es el desempleo, que produce otra serie de problemas derivados. La receta de este Gobierno es cambiar y facilitar la contratación, e intentar que la economía española se desarrolle produciendo más empleo", explicó Hermida.

El subdirector general de Políticas Activas de Empleo, Jesús Barroso, recordó que la economía española empieza a crear empleo a partir de un crecimiento anual del PIB del 2,5 %, y la idea es, no sólo propiciar ese crecimiento, sino también una nueva estructura del modelo que permita crear empleo por debajo de esa tasa.

En materia de educación, sanidad e inmigración, el Gobierno señaló que los ajustes y la optimización de recursos son necesarios para garantizar la viabilidad futura del sistema, y que se trata de decisiones temporales a la espera de mejores vientos económicos.

En lo referente a la cooperación al desarrollo, Hermida afirmó que "la prioridad absoluta del ministerio de Asuntos Exteriores es el apoyo a la economía española en el exterior", lo que supondrá "redistribuir el presupuesto, orientándolo más hacia América Latina".

"América Latina es la zona de desarrollo natural de España. Probablemente, 10 euros gastados en un país de América Latina rinden mucho más, y tienen un efecto mucho mayor en la población que 10 euros con un país con el que prácticamente no hay relación", dijo.

Sobre la meta de destinar el 0,7 % del presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo, el director adjunto de la oficina de Derechos Humanos del ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España aseguró que "no es una meta que se abandone", pese a que se prevé que este año se situará en el 0,23 %, frente al 0,29 % del conjunto de 2011.