Los tres partidos que apoyan al Gobierno griego no han llegado a un acuerdo sobre cómo ahorrar los 11.600 millones de euros que reclama la Unión Europea y que tendrían que salir, en parte, de nuevos recortes de pensiones y salarios.

"La elaboración de las medidas de 11.600 millones no ha terminado. Nos oponemos a la nueva reducción de las pensiones y de los salarios y a la reducción drástica de la financiación de los municipios porque no podrán funcionar", dijo Fotis Kuvelis, líder de la formación de centro-izquierda Dimar.

Kuvelis hizo estas declaraciones a la salida de una reunión con el primer ministro conservador, Andonis Samarás, y el dirigente socialdemócrata Evangelos Venizelos, en la que se tendría que haber cerrado la nueva tanda de recortes.

El líder de Dimar anunció que se tendrá que celebrar una nueva reunión para intentar acercar posturas.

Venizelos también explicó que no ha acabado el debate sobre las medidas, reconoció que "seguramente habrá recortes", aunque insistió en que es preciso ofrecer a la gente "una perspectiva de futuro".

En ese sentido, defendió que se ponga un límite a los recortes que sufren las capas sociales con menos ingresos pero también la clase media, a la que definió como "la espina dorsal" de la sociedad griega.

Venizelos aseguró que las medidas de ahorro han de ser percibidas dentro de la estrategia para mantener al país en la zona euro y sacarlo de la recesión.

Más positivo sobre la posibilidad de consenso se mostró el ministro de Finanzas, Yanis Sturnaras, quien al terminar el encuentro aseguró que ya hay acuerdo, pero que "hay algunas objeciones secundarias de los partidos" que tendrán que ser debatidas.

"El problema más espinoso es la reducción de los salarios de militares, policías, profesores de universidad, jueces, médicos de hospitales y clérigos", explicó el ministro, quien descartó que se vayan a recortar las pensiones mínimas de los agricultores.

El objetivo del primer ministro es tener atado el paquete de medidas antes de que lleguen a Atenas, a comienzos de septiembre, los inspectores del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional que han de establecer si Grecia cumple los compromisos de ahorro exigidos a cambio de ayuda financiera.