Al menos dos personas murieron ayer y otras quince resultaron heridas por el estallido de un coche bomba cerca de una concurrida cafetería, en el suroeste de Bagdad, informó una fuente de la policía.

El vehículo explotó en la zona de Al Shorta al Rabea y causó, además, destrozos en varios coches aparcados en el lugar, que fue cercado por las fuerzas de seguridad para evitar otros atentados.

Este ataque coincidió ayer con la publicación de las cifras de víctimas por la violencia en el mes de agosto, cuyo número se redujo a la mitad respecto a julio.

Un total de 164 personas, entre civiles, militares y policías, murieron en ataques y enfrentamientos con grupos armados el mes pasado, según los datos de los Ministerios del Interior, Sanidad y de Defensa.

Se trata de un notable descenso respecto a julio, que con 325 fallecidos y 697 heridos, fue el mes con el mayor número de víctimas mortales desde agosto de 2010, que sumó 426 muertos y 838 heridos

Irak fue el escenario en los últimos meses de un repunte de la violencia con frecuentes ataques dirigidos contra las fuerzas de seguridad y objetivos chiíes, entre otros, desde la retirada de las tropas estadounidenses en el pasado mes de diciembre.

La expulsión de gitanos de Francia la decidirá un juez, según Reding

EFE, París

La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, aseguró ayer que la actual política de expulsión de gitanos llevada a cabo por Francia no es igual a la que hace dos años puso en marcha el Gobierno de Nicolas Sarkozy, porque ahora responde a una decisión de un juez.

En una entrevista que ayer publicó el vespertino francés "Le Monde", la comisaria luxemburguesa señaló que hay muchas diferencias entre la actuación del actual Ejecutivo y la que llevó a cabo el anterior respecto a los gitanos.

"Ahora, las expulsiones son fruto de una decisión de la justicia. Las personas implicadas son informadas individualmente y no se trata de expulsiones en masa", afirmó la comisaria.

Así indicó que Francia, a petición de la Comisión Europea, "modificó su legislación para reforzar las garantías procedimentales en casos de expulsión" y "adaptó sus leyes a los estándares europeos". En cuanto al desmantelamiento de los campamentos ilegales, señaló que "es una cuestión nacional".