El relator de la ONU contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, Juan Méndez, terminó ayer una visita de siete días a Marruecos y el Sáhara Occidental, y denunció en un informe preliminar la persistencia de la práctica de los malos tratos.
El documento fue presentado en una rueda de prensa en Rabat, donde Méndez afirmó que "en los delitos comunes, los malos tratos o la tortura son muy frecuentes en Marruecos, aunque es difícil aseverar si son sistemáticos"
Además, consideró que en los delitos terroristas "la tortura parece ser mucho más cruel y sistemática".
En su semana de trabajo, Méndez visitó varios centros de detención y se ha reunido con representantes de la sociedad civil que le presentaron denuncias de tortura, entre ellos salafistas, saharauis independentistas, emigrantes subsaharianos indocumentados o izquierdistas.
Todas esas reuniones contaron con asistencia de funcionarios "lo que creó un clima de intimidación", sentenció.
El relator visitó Marruecos invitado por el propio Gobierno, que en los últimos meses está empeñado en asegurar que la tortura es cosa del pasado.
El ministro de Comunicación, Mustafa el Jalfi, presentó el pasado jueves esta visita como "un precedente que refleja la confianza de Marruecos para respetar sus compromisos internacionales".
Méndez reconoció en su informe que "está emergiendo una cultura de los derechos humanos" y que "parece haber un compromiso en los niveles más altos" para erradicar las prácticas de tortura, pero lamentó que ese compromiso "no llegue a todos los niveles de la autoridad". Igualmente, lamentó que falte voluntad para acabar con los malos tratos en los interrogatorios y para investigar las denuncias sobre tortura.
Más concretamente, denunció "casos recientes de informes creíbles de golpes con puños y palos, aplicación de electrochoques y quemaduras de cigarrillos".
El informe del relator dedica especial atención al hecho de que las confesiones arrancadas bajo tortura tienen ante el juez más validez que los testimonios ante el tribunal.
Además, no se respeta el derecho de asistencia letrada inmediata a los detenidos, sino que lo habitual es que pasen 24 horas antes de que el abogado pueda ver a su cliente y solo por espacio de media hora, apostilló.