El Gobierno italiano aprobó los Presupuestos del Estado para 2013, con un ajuste de 11.600 millones de euros repartido en los próximos tres años, una reducción de impuestos para las rentas más bajas y el aumento de un punto porcentual del IVA.

Tras siete horas de reunión, a las tres de la madrugada de ayer, el presidente del Gobierno italiano, Mario Monti, compareció en rueda de prensa para mostrar los resultados de la llamada "Ley de Estabilidad" aprobada en el maratoniano Consejo de Ministros y que contiene los ajustes para cuadrar los presupuestos.

Unas medidas, aseguró el Gobierno, que permitirán conseguir el equilibrio presupuestario en 2013 como pide la UE.

Los principales puntos de esta ley están en la reducción de los impuestos para las rentas más bajas a partir de enero de 2013. A quienes ganen hasta 15.000 euros anuales se les detraerá el 22% respecto al 23% actual, mientras que a los que declaren entre 15.000 y 28.000 euros la alícuota del IRPF bajará al 26% del 27% de ahora.

También se fijó un techo máximo de 3.000 euros para las detracciones fiscales.

Ineludible decisión

Lo que no pudo eludir el Gobierno fue la subida del IVA, aunque destacaron que consiguieron evitar que subiese dos puntos a partir de junio de 2013, tal y como en principio estaba previsto.

El IVA subirá así solo un punto en junio de 2013 por lo que pasará al 11% en su tipo reducido y al 22% en el general.

"Podemos comprobar que la disciplina presupuestaria da sus resultados y conviene porque nos ha permitido dar un pequeño alivio con un inicio de la reducción del IRPF", aseguró Monti.

"Esperemos -agregó Monti- que los italianos vean en estas decisiones no una modificación de la ruta que hemos tomado, sino que esta ruta tiene un sentido".

Otro de los objetivos del Gobierno de Mario Monti se centra en dedicar fondos, no se cuantifica cuánto, al aumento de la productividad del país, cuestión necesaria para la tercera economía del euro, a la que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un retroceso del 0,7% en 2013.

También se destinará un partida para cubrir la situación de los italianos que quedaron sin trabajo y sin pensión con el aumento de la edad de jubilación.

Estos fondos se recogerán de la llamada "spending review", es decir, de la reorganización del gasto público que permitirá ahorrar en total unos 3.500 millones.

Se prevén duros recortes al sector público, comenzando por la sanidad, con cerca de 1.500 millones en el apartado de la adquisición de dispositivos médicos y contratas. Asimismo se congelará el contrato de los funcionarios públicos hasta 2014 y se introduce una reducción del 50% de la retribución por días de permiso de este colectivo para cuidar de un pariente, salvo hijos o cónyuges.