La flexibilización del mercado laboral, exigida por la troika, impidió ayer una vez más que los tres socios del Gobierno griego llegasen a un acuerdo sobre el nuevo plan de ahorro por valor de 13.500 millones de euros, como tenían previsto.

"No acepto las exigencias de la troika", manifestó ayer Fotis Kuvelis, líder del partido centroizquierdista Dimar, uno de los tres en que se apoya el Gobierno del conservador Andonis Samarás.

"Ni los diputados de Dimar ni yo vamos a votar a favor de la eliminación de los derechos laborales. Las exigencias de la troika no tienen nada que ver con el ahorro en las cuentas públicas", dijo.

La reunión de ayer entre Samarás, Kuvelis y el líder socialista Evángelos Venizelos era la enésima de los últimos cuatro meses en que se prolongan ya las negociaciones con la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).

El encuentro debió haber servido para ratificar finalmente un acuerdo sobre el plan de ahorro y las exigencias de los prestamistas internacionales para poder presentar las medidas al Parlamento.

Sin embargo, no pudo ser así y tras la reunión con sus socios (a la que siguió otra con el equipo económico del gobierno) Samarás pidió a través de los medios griegos que sus socios de coalición se mantengan unidos y acepten las propuestas de la troika.

"Solo aquellos que muestren coraje pueden salvar a Grecia", afirmó el primer ministro, a la vez que informó de que las negociaciones con la troika continuarán.

Acuerdos a medias

Según los medios griegos, los tres partidos del Gobierno están prácticamente de acuerdo en el plan de ahorro, que incluye recortes de pensiones y salarios públicos y nuevos impuestos.

No así las medidas de flexibilización del mercado laboral, que exige la troika y el equipo de Samarás sí habría incluido en su propuesta.

Entre las medidas exigidas por los acreedores destacan la ampliación de la semana laboral a los seis días, la reducción de las indemnizaciones por despido, eliminar los aumentos salariales por antigüedad y congelar los salarios hasta que el índice de desempleo se sitúe por debajo del 10 %.

Venizelos también se mostró contrario a la modificación de la legislación laboral pues recordó que "el coste del trabajo ya ha sido reducido significativamente".