El Gobierno griego ha firmado un decreto ley que permite el cierre provisional o definitivo de la radiotelevisión pública de este país, lo que ha provocado una crisis en el seno de la coalición tripartita.

El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, está redactado en un tono general aplicable a todas las empresas públicas, pero ha sido interpretado como una normativa hecha a medida para la televisión pública ERT.

Con esta medida, el Gobierno pretende cumplir las exigencias de la troika de eliminar 2.000 empleos públicos hasta finales de este mes.

Los trabajadores de ERT se han reunido con carácter de urgencia en una asamblea general para analizar la situación, informó el ente público.

Según el portal de noticias in.gr, el comité de empresa ha propuesto que a partir de mañana sea el propio personal de ERT el que asuma la dirección de todos los programas.

La decisión, tomada unilateralmente por el primer ministro, conservador, Andonis Samarás, ha causado un revuelo en todos los partidos, incluidos sus socios de Gobierno, los socialdemócratas de Pasok y la izquierda moderada de Dimar.

En un comunicado, Pasok destaca que un Gobierno tripartito no puede actuar con decisiones unilaterales.

"ERT debe convertirse en una entidad moderna, pública y acorde con las normas europeas. Su reforma no puede hacerse suspendiendo su funcionamiento y a costa de 2.000 puestos de trabajo", dijo Pasok.

Para Dimar, "es impensable que en un país europeo deje de funcionar una televisión pública, ni siquiera por espacio de una hora".

"El posible cierre de ERT pondría de manifiesto la incapacidad del Gobierno de llevar a cabo la reforma administrativa", señaló este partido.

Al igual que ocurre en toda la administración pública, la radiotelevisión griega sufre de un exceso de personal administrativo.

Según viene denunciando desde hace tiempo los sindicatos de medios, hay en cambio una clara escasez de periodistas y técnicos.

"ERT no es propiedad del Gobierno sino del pueblo griego", declaró por su parte, Panos Skurletis, portavoz del principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, quien afirmó que su formación luchará junto con el personal de ERT por modernizar este ente público, en lugar de cerrarlo.

Expertos jurídicos consultados ponen en duda la validez legal de este decreto, pues si bien está firmado por el jefe de Gobierno y los ministros de su partido Nueva Democracia, no cuenta con la rúbrica de los restantes miembros del Gobierno.