La UE ha suspendido las negociaciones con Suiza sobre la participación del país alpino en los programas comunitarios de intercambio de estudiantes Erasmus+ y en el de I+D Horizonte 2020 como represalia por la inminente introducción de cuotas a trabajadores comunitarios aprobada en el referéndum de la semana pasada.

En concreto, la paralización de las conversaciones responde a la negativa de Suiza a firmar el protocolo que extiende la libre circulación de personas a los trabajadores procedentes de Croacia, país que entró en la UE en julio del año pasado.

"El protocolo fue rubricado, pero todavía no ha sido firmado. Dadas las circunstancias y en ausencia de una clara señal política de hacerlo, las próximas rondas de negociación se han pospuesto hasta que Suiza firme el protocolo", afirmó un portavoz del UE.

En el actual curso académico 2013-2014 hay aproximadamente 3.000 estudiantes suizos estudiando en universidades de la UE, que no se verán afectados por la suspensión de las negociaciones. El problema llegará, según avisó la Comisión, a partir del próximo año universitario en septiembre si no se ha encontrado una solución. La UE ya suspendió la semana pasada las negociaciones de un acuerdo sobre intercambio de electricidad con Suiza y paralizó la aprobación de un mandato para negociar un acuerdo institucional con el país alpino.

El Gobierno helvético anunció que de aquí a junio definirá los plazos para la introducción de cuotas a los trabajadores europeos y que antes de que acabe el año aprobará la legislación necesaria para ponerlas en práctica. Al mismo tiempo, expresó su disposición a negociar con la UE.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, dijo que toma nota de las intenciones suizas pero advirtió de que la libre circulación de personas "no es negociable".

El Gobierno helvético anunció el sábado la suspensión de la extensión a Croacia del actual acuerdo de libre circulación de personas con la UE, vigente desde 2002, por considerar que contradice la decisión de limitar la entrada de trabajadores extranjeros al país aprobada hace una semana en referéndum. El Ejecutivo dispone de un plazo de 3 años para convertir en legislación el resultado de esa consulta popular, aprobada por el 50,3% de los votantes.