El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy que quiere acudir a una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para exponer las "circunstancias de ataques de violencia" de "pequeños grupos" que intentan vulnerar la seguridad en su país.

"He ratificado (...) la solicitud de la República Bolivariana de Venezuela para que se convoque un Consejo Presidencial, en una fecha por convenir, para nosotros exponer ante el Consejo Presidencial de Unasur, bueno, las circunstancias de ataques de violencia de grupos, pequeños grupos, que han tratado de vulnerar la vida social", dijo.

Maduro anunció la solicitud junto a su homólogo de Surinam, Dési Bouterse, presidente protempore del organismo, con quien se reunió hoy en Caracas, aprovechando que éste acudió ayer a los actos de conmemoración del primer aniversario de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez.

Según Maduro, en Venezuela se quiere "imponer una situación política" que su país "va superar con mucha conciencia", ya que en su nación se ama la paz.

"Unasur va afirmando su propio camino, a buen paso, aunque es necesario desarrollar un conjunto de decisiones (...) hemos conversado también sobre el futuro de Unasur, la necesidad de su fortalecimiento", apuntó.

Venezuela está inmersa en una ola de protestas contra el Gobierno que se han desarrollado en el país desde hace tres semanas, y que en algunos casos se han tornado violentas, dejado un balance oficial de 19 muertos, más de 250 heridos y cientos de detenidos.

El presidente venezolano rechazó ayer tajantemente la convocatoria de una reunión en la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la situación de Venezuela a instancias de Panamá, país con el que rompió relaciones por ello, y aseguró de nuevo que su país sólo mira al sur y a organismos como Unasur.

"En el momento en que se fije la reunión allí estaremos con todas las pruebas del llamado golpe de Estado", dijo.

Maduro ha dicho que esas protestas forman parte de un intento de golpe de Estado contra su Gobierno del que ha responsabilizado a Estados Unidos y al expresidente colombiano Álvaro Uribe, así como a sectores "fascistas" de la oposición.