La "tregua" entre las pandillas de El Salvador, que bajó los homicidios desde 2012, cumple este domingo su segundo aniversario con señales de "ruptura", que se refleja en un aumento de asesinatos por venganza entre estos grupos delictivos, según las autoridades salvadoreñas.
El incremento de homicidios registrado en los últimos meses "obviamente" refleja que "hay una ruptura ya en esos acuerdos" entre pandillas, reconoció el director de la Policía, Rigoberto Pleités.
La "tregua" la iniciaron el 9 de marzo de 2012 las principales pandillas que operan en el país, la Mara Salvatrucha (MS) y la Pandilla 18, a las que posteriormente se unieron otros grupos.
En ese entonces el país estaba inmerso en las elecciones legislativas y municipales del 11 de marzo de 2012 y ahora lo está en la segunda vuelta de comicios presidenciales.
El armisticio, que será un reto para el nuevo presidente que surja de los comicios del domingo, durante su primer año redujo el promedio diario de homicidios de 14 a 5,3, pero en su segundo aniversario ha repuntado a 8,8, según datos de las autoridades de Seguridad.
Entre enero y el 2 de marzo pasados se han registrado 501 homicidios, 106 más que los 395 del mismo período de 2013, según datos policiales.
Plietés señaló que "ese pacto (entre pandillas) técnicamente ya no existe", lo que ha cambiado el panorama en el país y ha llevado a las autoridades a reforzar el trabajo de seguridad.
Al menos 5.000 nuevos soldados han sido desplegados desde el martes para reforzar las tareas de seguridad que realiza la Policía salvadoreña, junto a otros 6.500 efectivos militares.
Los nuevos militares reforzarán el trabajo policial en al menos 15 municipios identificados como de alto riesgo, donde se ha incrementado la violencia, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo.
El armisticio entre pandillas es un pacto de no agresión entre sí, aunque según los últimos datos de la Policía el 70% de los homicidios que ocurren en el país son entre estos grupos delictivos.
El "repunte" de homicidios se debe a "la guerra entre las pandillas", dijo Perdomo.
A raíz de ciertos crímenes de pandilleros ocurridos recientemente "se generó una ola de venganza: ataca la 18, responde la MS, y se ha generado un círculo de venganza dentro del mismo conflicto interno de ellos", explicó.
Empero, también indicó que "muchos" homicidios registrados recientemente son obra del crimen organizado y el narcotráfico, y que incluso algunos supuestamente tienen trasfondo político aunque no denunció a ningún sector en particular.
Sin embargo, el director del Instituto de Medicina Legal (IML), José Miguel Fortín, descartó que el incremento de crímenes tenga trasfondo político por el ambiente previo a los comicios del domingo, ya que se registran desde el año pasado.
"Desde julio de 2013 empieza a haber un claro aumento de estos homicidios y esa es la tendencia que mantienen hasta el día de hoy", señaló.
Los homicidios bajaron a menos de 200 al mes desde la implementación del armisticio, el 9 de marzo de 2012, hasta junio de 2013, pero desde julio de ese año hasta los dos primeros meses de 2014 subieron a casi 245 asesinatos por mes, según datos del IML.
Esta situación pone en un panorama difícil en materia de seguridad al próximo presidente salvadoreño, pues tendrá que buscar un nuevo mecanismo para contrarrestar la violencia.
El Gobierno actual sostiene que solo actuó como "facilitador" en el pacto y que no negoció con las pandillas.
Sin embargo, la Fiscalía confirmó en enero la autenticidad de unas grabaciones, presentadas a la prensa por políticos opositores, en las que supuestamente funcionarios y exfuncionarios gubernamentales confirmaron pagos por la "tregua" entre maras.
El procurador para la Defensa de los Derecho Humanos, David Morales, dijo que "la tregua no puede ser en sí misma una estrategia gubernamental" y que "las autoridades del Estado deben de buscar la prevención, independientemente de existencia de treguas".
"Las víctimas de la delincuencia deben estar en el centro de la atención y de la protección del Estado, este debe de ser un eje prioritario para el nuevo Gobierno dentro de su política integral de seguridad", agregó.
Los candidatos presidenciales, Salvador Sánchez Cerén, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y Norman Quijano, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista, no han presentado un plan concreto para combatir la delincuencia en el país, según critican diversos sectores.
Sin embargo, Quijano y su partido en reiteradas ocasiones han asegurado que no negociarán con criminales.