La huelga general a la que se ha enfrentado hoy el Gobierno marroquí, encabezado por el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), se desarrolló sin incidentes y los sindicatos afirman sentirse satisfechos.

La Federación Democrática del Trabajo (FDT), la Unión Marroquí del Trabajo y la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), las tres centrales sindicales que convocaron la huelga y que son de tendencia izquierdista, la calificaron de exitosa y aseguraron que alcanzó una participación del 83,7 % en los sectores público y privado.

"La huelga general se ha desarrollado en condiciones normales y no se han registrado incidentes en ninguna ciudad del país", explicó a Larbi Habchi, miembro del buró central del FDT, una de las centrales sindicales más representativas de Marruecos.

El responsable sindical subrayó que en Casablanca, capital económica del país, es donde más se ha sentido la huelga al suspenderse la actividad en los puertos, los servicios de transporte y en el sector educativo y de sanidad.

Sin embargo, en ciudades como Rabat casi no se notó la paralización de servicios aunque sí que se suspendió el transporte de autobuses y se cerraron varias sucursales bancarias y algunos establecimientos públicos.

Los sindicatos denuncian una serie de medidas tomadas por el Gobierno como, por ejemplo, la última subida de los precios de combustibles de automoción y de electricidad y agua, así como la reforma que plantea sobre el sistema de subvenciones de los productos de primera necesidad.

Las organizaciones profesionales critican la reforma del sistema de pensiones (en grave situación de déficit) y la idea de elevar la edad de jubilación y subir las cotizaciones.

Además de sumarse una veintena de sindicatos, la huelga también fue apoyada por ONGs y movimientos de tendencia laica e islamista que manifestaron su apoyo.

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, que no ha dado cifras oficiales sobre el nivel de participación, calificó la huelga de "injustificable e incomprensible" e insistió sobre el compromiso del Ejecutivo con el diálogo social.

Desde su formación en 2012, el Gobierno está llevando a cabo una serie de medidas "impopulares" como la reforma gradual de la Caja de Compensación, que subvenciona el precio de los productos de primera necesidad como gas butano y harina, comenzando por dejar de subvencionar el precio de los combustibles de automoción.