La aprobación de la nueva ley de seguridad en Kenia, que da amplios poderes a la Policía y al Ejército, es un paso más en la "guerra" que el Gobierno ha emprendido contra la sociedad civil.
La versión oficial es que había muchos vacíos legales que no permitían luchar de forma eficaz contra las organizaciones terroristas -contra Al Shabab, en concreto- y que por ello era necesario actualizarla, pero lo cierto es que el nuevo texto representa un importante recorte de las libertades.
La ley, aprobada el pasado jueves en una violenta sesión parlamentaria y ratificada ayer por el presidente, Uhuru Kenyatta, aumenta de 90 a 360 días las detenciones preventivas de supuestos terroristas y otorga potestad a los servicios de inteligencia para arrestar a ciudadanos sin que medie una orden judicial.
También prevé detenciones y penas de prisión para periodistas que difundan cualquier noticia relacionada con casos de terrorismo sin contar con la autorización de la Policía.
"En el último año la hostilidad del Gobierno contra organizaciones de la sociedad civil ha ido en aumento hasta el punto de que cada vez se parece más al régimen del expresidente Moi", explica un directivo de una reconocida ONG internacional que prefiere mantener el anonimato.
La analogía, muy utilizada tanto por la oposición como por diversas organizaciones de derechos humanos, hace referencia al mandato de Daniel arap Moi (1978-2002), durante la mayor parte del cual no hubo elecciones multipartidistas y los opositores fueron perseguidos.
"El Gobierno solo analiza la situación desde un punto de vista político y la centra exclusivamente en su interés", añade.
Hace unos días el Consejo de Coordinación de ONG anunció la cancelación de la licencia de más de 500 entidades sin ánimo de lucro, quince de ellas por tener lazos con grupos terroristas.
Las fuentes consultadas prefieren no opinar sobre la mayoría de las ONG que han sido suspendidas, ya que es posible que algunas e incluso todas no cumplieran la legislación vigente.
Sí critican y mucho, que el Consejo hiciera este anuncio en rueda de prensa acusando a alguna de ellas de terrorismo sin ofrecer ninguna prueba.
"Quizás se trate de una estrategia para ver cómo reacciona la gente y la comunidad internacional, pero por ahora solo son especulaciones", señala el directivo de la ONG entrevistado por Efe.
En su opinión, se trata de un "inteligente" movimiento político del Gobierno: un mensaje y una demostración de fuerza hacia la combativa sociedad civil local.
El gran temor es que utilice la excusa de "vínculos con organizaciones terroristas" para sacarse de encima a las ONG que no comulguen con su política antiterrorista, en especial las que se dedican a investigar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
El año pasado el Gobierno de Kenyatta intentó aprobar una ley que limitaba al 15% la financiación procedente del exterior para las ONG establecidas en Kenia, un texto muy similar al que está vigente en Etiopía desde 2009 y que ha supuesto la desaparición de la mayor parte de grupos de defensa de los derechos humanos.
La ley etíope, que podría ser la base de otra futura ley keniana, prohíbe a cualquier organización que reciba más de un 10% de sus fondos del extranjero participar en actividades relacionadas con la defensa y la promoción de los derechos humanos.