El Tribunal Supremo (TS) de Bangladesh ratificó hoy la condena a muerte del líder islamista Muhamad Kamaruzaman, lo que abre la puerta a la primera ejecución desde finales de 2013 por crímenes cometidos durante la guerra de independencia de 1971, informaron los medios bangladesíes.

La corte de apelación desestimó en una audiencia celebrada a las 09.00 hora local (03.00 GMT) el recurso presentado por la defensa para reducir la condena del que fuera secretario general adjunto del hoy ilegalizado partido Jamaat-e-Islami (JI).

El JI, principal partido religioso del país asiático, se alineó con el régimen de Pakistán, del que Bangladesh era la región oriental, en la guerra de 1971, en la que murieron hasta tres millones de personas según estimaciones oficiosas.

Kamaruzaman había sido condenado a la horca por un tribunal especial de crímenes de guerra en mayo de 2013 y en noviembre del año pasado el TS había mantenido este veredicto, con lo que solo quedaba pendiente la resolución de esta última apelación, que se ha ido posponiendo en las últimas semanas.

El condenado estaba acusado de asesinato y tortura de civiles desarmados como responsable de una milicia de apoyo al Ejército paquistaní que mató a intelectuales y guerrilleros bengalíes en las postrimerías del conflicto.

Kamaruzaman dispone ahora de siete días para solicitar perdón presidencial, aunque sus abogados han declarado a la prensa que no tomará este camino por lo que podría ser ejecutado en menos de un mes según la ley.

En los últimos dos años, la Justicia bangladesí ha dictado 17 sentencias de muerte, cadenas perpetuas y otras condenas contra ancianos dirigentes islamistas implicados en crímenes de guerra.

Los fallos judiciales han desatado protestas violentas que se han cobrado la vida de decenas de personas.

Por el momento, solo un líder islamista, Abdul Quader Molla, que murió en la horca en diciembre de 2013, ha sido ejecutado en cumplimiento de uno de estos veredictos, aunque otros dos convictos han fallecido en prisión en los últimos meses.

El conflicto de 1971 y la memoria histórica son elementos centrales en la narrativa del actual Gobierno de la primera ministra, Sheij Hasina, que impulsó los tribunales especiales de guerra hace un lustro tras una promesa electoral.

El veredicto de hoy se produce en un momento en el que parece reducirse la intensidad de la crisis política que atraviesa Bangladesh desde principios de año y que enfrenta a los dos principales partidos nacionales.