El presidente sudafricano, Jacob Zuma, pidió ayer desde el Parlamento a sus compatriotas que pongan fin a los ataques masivos contra inmigrantes del resto de África y de países asiáticos que se registran en el país desde el mes pasado.

"La frustración o el miedo no pueden justificar ataques así", declaró Zuma en Ciudad del Cabo, en su comparecencia ante la Cámara.

El presidente condenó "en los términos más duros posibles" la violencia xenófoba que se desató en marzo en la provincia oriental de KwaZulu-Natal, y que ha provocado al menos cinco muertes y el desplazamiento de más de 2.000 inmigrantes.

"Al tiempo que condenamos los ataques, somos conscientes, y mostramos nuestra simpatía, por las cuestiones planteadas por los ciudadanos sudafricanos afectados", añadió Zuma, en referencia a los argumentos con que los nacionales justifican los ataques.

Muchos sudafricanos acusan a inmigrantes de países como Somalia, Etiopía o Zimbabue de quitarles el trabajo y traer delincuencia al país, y recriminan al Gobierno su supuesta tolerancia excesiva con la inmigración ilegal.

"En este sentido, las Sandf (Fuerzas Armadas sudafricanas) transferirán 350 soldados al Ministerio del Interior para trabajar como oficiales de inmigración en puestos fronterizos", afirmó Zuma, según un comunicado de la Presidencia.

El jefe de Estado recordó que los inmigrantes contribuyen a la economía y pidió a los sudafricanos que apoyen a los refugiados y a los inmigrantes, que, subrayó, "no son todos ilegales".

Mientras Zuma pronunciaba su discurso, la tensión continuaba en el centro de Durban (KwaZulu-Natal) y zonas del este de Johannesburgo, donde la Policía tuvo que emplearse a fondo para evitar que grupos de ciudadanos agredieran a los tenderos extranjeros.

También ayer, los Gobiernos de Kenia y Zimbabue anunciaron su intención de repatriar a sus ciudadanos en Sudáfrica que así lo deseen.

Malaui decidió ayer enviar a Sudáfrica varios autobuses para recoger a medio millar de malauíes afectados por la ola de violencia.

El Gobierno sudafricano ha sido criticado por varios colectivos de inmigrantes y activistas de derechos humanos por su incapacidad para proteger a los extranjeros y perseguir a quienes los agreden.

Estos estallidos de violencia xenófoba son recurrentes en Sudáfrica, donde en el año 2008 murieron más de 60 personas en una serie de incidentes similares a los actuales.