La tensión entre Colombia y Venezuela aumentó hoy con la llamada a consultas del embajador de Bogotá en Caracas mientras las autoridades trabajan en Cúcuta para mitigar la crisis humanitaria causada por la llegada de miles de deportados.

"Yo he privilegiado el diálogo y lo seguiré haciendo, pero no puedo permitir que Venezuela trate a Colombia y los colombianos de esa forma", dijo Santos, quien agregó que por eso dio instrucciones a la canciller, María Ángela Holguín, "para que llame a consulta a nuestro embajador en Venezuela", Ricardo Lozano.

Igualmente le ordenó que "convoque una reunión extraordinaria de cancilleres de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas)".

En los últimos días más de 1.100 colombianos que vivían en Venezuela han sido deportados y al menos 4.200 han abandonado sus hogares por senderos que cruzan el fronterizo río Táchira ante el temor a ser también expulsados, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

"Queremos contarle al mundo, comenzando con Unasur, lo que está sucediendo, mostrarles lo que está sucediendo porque eso es totalmente inaceptable", subrayó el jefe de Estado.

Ese éxodo ha generado una crisis humanitaria que las autoridades colombianas trataron inicialmente con tibieza, una actitud fuertemente criticada en la sociedad, pero el discurso oficial tomó hoy un nuevo matiz con la decisión de Santos de llamar a consultas a su embajador.

El detonante fue el incumplimiento de la cita que el gobernador del estado venezolano del Táchira, José Vielma Mora, tenía hoy con el defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora, para tratar el tema de los deportados, y a quien dejó plantado en el puente internacional Simón Bolívar.

Esa cita fue acordada en la reunión que Holguín mantuvo ayer en Cartagena (norte) con su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, para tratar el cierre de la frontera entre Cúcuta y San Antonio, ordenado por el presidente Nicolás Maduro hace ocho días y punto sobre el cual no llegaron a ningún arreglo.

"Lamentablemente fuimos convocados a las dos de la tarde, estuvimos aquí con la compañía del embajador de Colombia en Venezuela, del gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, y decidimos retirarnos porque no asistieron", explicó Otálora.

Ese encuentro tenía como objetivo "iniciar un proceso de verificación" sobre las propiedades que los colombianos deportados en los últimos días dicen que fueron derribadas "de manera arbitraria", agregó el funcionario.

Santos argumentó que el Gobierno de Maduro, que hoy aseguró en Caracas que no reabrirá la frontera hasta que se "prohíba" en Colombia la venta de productos venezolanos de contrabando y cese lo que considera ataques contra la moneda de su país, no tiene "ninguna voluntad ni de diálogo ni de soluciones diplomáticas".

"Son soluciones de fuerza o actitudes como las que han venido teniendo con nuestros compatriotas que merecen respeto", sentenció el mandatario colombiano.

Mientras la tensión diplomática se acentúa, las autoridades continúan atendiendo en Cúcuta a los deportados y a aquellos que se vieron obligados a abandonar Venezuela para no correr la misma suerte.

La marea de gente que entre la noche del lunes y el martes cruzó el río Táchira cargando a sus espaldas sus pocos enseres se frenó ayer tras la llegada de paracaidistas a la orilla venezolana y se reanudó hoy aunque en un número mucho menor.

Holguín regresó hoy a Cúcuta y en compañía de su colega del Interior, Juan Fernando Cristo, y del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez, estuvo en La Parada, una aldea en la orilla colombiana del río Táchira adonde llega la mayoría de sus compatriotas que abandona Venezuela.

Los funcionarios hablaron con la multitud y saludaron a algunos de los colombianos que se encuentran refugiados en los albergues, pero tuvieron que escuchar críticas de quienes consideran que el Gobierno ha tenido una posición blanda ante Venezuela.

En los albergues continúan trabajando sin descanso los voluntarios de la Cruz Roja que prestan atención médica y psicológica a los colombianos, así como funcionarios de agencias sociales del Estado.

Las víctimas de la crisis fronteriza recibieron hoy donaciones de ropa y calzado para paliar sus necesidades mientras esperan en los albergues, donde se protegen del calor de 35 grados de Cúcuta, alguna decisión sobre su futuro.