El Partido de los Trabajadores (PT) denunció hoy que la "ofensiva conservadora" que pretende llevar a un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ahora le apunta "por la vía judicial" al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
"Los que perdieron las elecciones del año pasado se han lanzado a aventuras golpistas" y se han sumado a "un movimiento general del gran capital contra los gobiernos populares", dijo el presidente del PT, Rui Falcao, después de una reunión que la dirección nacional del partido celebró en Brasilia.
Falcao enmarcó en esa supuesta "ofensiva conservadora" tanto los intentos de la oposición brasileña de iniciar un juicio con vistas a la destitución de Rousseff como las investigaciones judiciales que están en desarrollo sobre los negocios de Lula y de uno de sus hijos.
También reiteró que el PT pretende que Lula, aunque él no se ha pronunciado, vuelva a aspirar a la presidencia en 2018, lo cual, de acuerdo a la opinión de Falcao, lo convierte en el "nuevo blanco" de los ataques de las fuerzas conservadoras.
Si bien Lula aún se niega a desvelar si postulará otra vez a la Presidencia, al intervenir en la reunión del PT declaró que "si el objetivo" de las sospechas vertidas contra él mismo y su hijo es "truncar alguna perspectiva de futuro", los próximos "tres años serán de mucha pelea".
Durante la reunión fue aprobado un documento que denuncia "los ataques" contra la mandataria y su antecesor, que según Falcao se dirigen en realidad contra el PT y las "políticas de inclusión" que ese partido puso en marcha al llegar al poder en 2003, con Lula.
El expresidente está bajo investigación por un supuesto tráfico de influencias en favor de empresas privadas una vez que dejó el poder, en enero de 2011, mientras que su hijo Luis Claudio Lula da Silva es sospechoso de haber incurrido en delitos fiscales.
En el caso de Rousseff, la oposición presiona por someterla a un juicio político con fines de destitución por unas maniobras que el Gobierno realizó para maquillar sus resultados de 2014 y que aún persisten, de acuerdo a órganos de contraloría del Estado.
Según la oposición, eso supone un "delito de responsabilidad", que la Constitución contempla entre las posibles razones que pueden llevar a la destitución de un mandatario, aunque el Gobierno y hoy el PT y el propio Lula lo rechazaron.
Durante la reunión de la dirección nacional del partido que fundó en 1980, Lula declaró de forma tajante que no "hay ninguna base legal" para procesar a Rousseff, aunque reconoció que la mandataria está en medio de una grave crisis política y económica, que ha llevado su tasa de aprobación a mínimos históricos del 8 %.
"Es un momento difícil", dijo Lula, quien aunque aclaró que no se le debe "temer a las encuestas", apuntó que es "urgente comenzar a recuperar el potencial (de apoyo) que Dilma ya tuvo", en alusión al respaldo de hasta el 70 % que llegó a tener la mandataria en su primer mandato, tras el que fue reelegida en octubre del año pasado.
Lula admitió que el Ejecutivo cometió "algunos errores", pero insistió en que la crisis es consecuencia de un "férreo bombardeo contra el Gobierno y el PT", que atribuyó a "una elite que nunca aceptó lo que el partido ha hecho por los más pobres".
En opinión de Lula, Rousseff y el PT deben reconstituir su base parlamentaria a fin de que sean aprobadas las medidas propuestas por el Gobierno en el marco de un severo plan de ajuste fiscal que ha encontrado resistencias hasta dentro del propio partido gobernante.
Según el exmandatario, la aprobación de las medidas "necesarias" para retomar el crecimiento económico representa la "salida a esta situación", que hace que hoy sea "humanamente imposible gobernar".
Falcao refrendó esa tesis, pero agregó que "la recuperación de la gobernabilidad no se debe asentar sólo en el Congreso", pues también es preciso "fortalecer la gobernabilidad social" mediante políticas que combatan el desempleo, que casi se ha duplicado durante este año hasta llegar al 8,7 %.
En ese sentido, y aunque manifestó su respaldo al plan de ajuste, el PT recomendó adoptar un "programa de desarrollo sustentado por la expansión del mercado interno, la ampliación de las inversiones y la continua mejora de la renta de los trabajadores".