Más de 6.500 presos han muerto en los últimos dieciséis años en cárceles de Venezuela, en las que el hacinamiento supera actualmente el 190 %, debido principalmente a la lentitud del sistema judicial, denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en un estudio presentado hoy.

El Informe General Sobre la Situación Carcelaria indica que, aunque se registra una baja en el número de reos fallecidos al año, desde 1999 hasta hoy ha habido 6.581 muertes.

En cuanto al hacinamiento, el texto señala que supera el 190 %, con una población reclusa de 49.664 personas, un problema causado principalmente por la lentitud del sistema de justicia, agravado por unas reformas legislativas que incluyen nuevos plazos y prerrogativas a favor del Ministerio Público.

"Desde 1999 hasta la presente fecha hay más de 6.500 personas que han fallecido en prisión, hay más de 16.000 heridos, eso quiere decir que hay más de 20.000 personas que han sido tocadas por la violencia carcelaria", dijo el director del OVP, Humberto Prado, tras presentar el documento.

En 1999, según el informe, se contabilizaron 390 muertos en las cárceles venezolanas, en 2007 hubo 498 y en 2012 se alcanzaron los 591, siendo ese último año cuando se registraron más fallecidos en el período analizado.

El 19 de octubre de 2012 el Gobierno venezolano decretó una emergencia "en materia de infraestructura carcelaria" para la recuperación o construcción de nuevas prisiones, en respuesta a una crisis al respecto que se produjo durante el primer trimestre de ese año.

Después de 2012 las cifras comenzaron a bajar: en 2013 fueron 506 los muertos, en 2014 se informó de 309 y en el primer semestre de 2015 se ha notificado el fallecimiento de 109 presos.

"El promedio de edad de los muertos y heridos (desde 1999) es de 28 años", precisa el informe, que para este análisis parte del inicio de la llamada "Revolución bolivariana", que propugnó el ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y que continúa el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Afirma que "la situación de degradación" del sistema penitenciario de Venezuela no solo se ajusta a la violencia derivada del uso de armas, sino también a las "precarias condiciones de las instalaciones", la lentitud del proceso judicial y la mala alimentación.

Además, indica, algunos guardas no solo maltratan a los reclusos, sino que supuestamente cobran por proteger a los presos que pueden pagar por ello, por ejercer chantaje y extorsión.

"La falta de vigilancia y cooperación del personal de custodia y el trato vejatorio a quienes visitan a sus familiares privados de libertad son otras de las circunstancias que propician la presentación de posibles escenarios violentos dentro de los penales", señala el texto.

A ello se suma "la falta de un buen presupuesto para que el interno desayune, almuerce y cene y tenga por lo menos las 2.500 calorías que dice la Organización Mundial de la Salud", aseguró Prado, quien pidió vincular todo este escenario a la situación de hacinamiento.

Prado detalló que entre las causas del hacinamiento se encuentran "el retardo procesal por parte de los órganos de justicia", "la falta de construcción de nuevos centros de reclusión" y "el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva".

En el estudio se subraya que, a las anteriores causas de hacinamiento, se suma el hecho de que el Ministerio del Servicio Penitenciario ha clausurado cárceles "de manera improvisada".

En el documento se ofrecen varios ejemplos de cárceles en situación de hacinamiento y se expone como caso extremo el del Centro Penitenciario de Aragua (centro del país) o cárcel de Tocorón, con una población reclusa de 7.634 personas, aunque con capacidad para solo 750 internos.

El hacinamiento, añade, no solo amenaza la integridad física de los presos, pues los familiares y el personal de guardia también corren peligro en estos espacios superpoblados.

"Ejemplo de ello es la situación irregular que sucedió el 31 de agosto de 2015 en la cual se produjo un presunto incendio dentro de las instalaciones del Internado Judicial de Carabobo (...) teniendo como resultado la cifra de 19 personas fallecidas", nueve de ellas mujeres que estaban visitando a sus familiares, agrega.

La "realidad", denuncia el informe, revela que los internos viven una situación "parecida a un infierno" que los lleva a tomar "medidas drásticas", como la realización de huelgas de hambre "o de sangre (se hacen cortes en brazos y piernas para sangrar)" como "reivindicación mínima de sus derechos".