La lucha contra la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y la corrupción figura entre los grandes retos que deberá enfrentar el próximo Gobierno de Perú, que también organizará las celebraciones del bicentenario de la Independencia del país, en 2021.

Estos temas, que en muchos casos superan a la preocupación por la economía, son parte del debate entre los ciudadanos y han sido mencionados por los candidatos con propuestas diversas que coinciden en la urgencia de tomar medidas drásticas para combatirlos.

Para los peruanos el principal problema es la inseguridad ciudadana y genera tales niveles de ansiedad que un 88 % señalaba en diciembre pasado que en los próximos 12 meses iba a ser víctima de un delito.

Esto a pesar de que las estadísticas indican que la inseguridad es inferior en Perú que en otros países de la región, con cifras oficiales que señalan que un 29,5 % de peruanos ha sido víctima de un hecho delictivo.

Sin embargo, gran parte de la ciudadanía considera que la situación se ha agravado durante el Gobierno de Ollanta Humala, quien cerrará su mandato el próximo 28 de julio con este problema como uno de los puntos más cuestionados de su gestión.

En ese contexto, durante la actual campaña, Keiko Fujimori, quien encabeza las encuestas de opinión divulgadas hasta el domingo pasado, afirma que no le "temblará la mano para luchar contra la delincuencia."

Fujimori plantea implementar bases de datos entre la Policía y el Poder Judicial, construir más prisiones y penalizar los delitos menores con trabajo comunitario.

El exministro Pedro Pablo Kuczynski, candidato del partido Peruanos por el Kambio (con "K" de Kuczynski), ofrece una acción conjunta entre la Policía y el serenazgo (seguridad municipal), una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la formación de un sistema penal especializado contra el crimen organizado y la "refundación" de la Policía.

La congresista Verónika Mendoza, del izquierdista Frente Amplio, plantea un plan de educación y empleo para menores en riesgo, reformar la Policía, y la inclusión de los temas de género y derechos humanos en los estudios de policías y miembros de la Judicatura.

Otros candidatos, como el expresidente Alan García, exigen que las fuerzas armadas participen en la lucha contra la delincuencia, un extremo que el actual Ejecutivo ha rechazado señalando que esa tarea le corresponde a la Policía.

Los analistas remarcan que el embate de la delincuencia y el crimen organizado, que incluye el incremento de los casos de sicariato, está vinculado con el narcotráfico, otro de los grandes problemas que deberá enfrentar el próximo Gobierno.

Esto a pesar de que el régimen de Humala logró durante 2014 una disminución de 13,9 % en los cultivos de hoja de coca, que pasaron de 49.800 hectáreas en 2013 a 42.900, aunque Perú aún se mantiene entre los mayores productores mundiales de cocaína.

En los últimos años, en el país se han incrementado otros delitos vinculados con el narcotráfico, como la extorsión y el sicariato, y hay analistas que alertan, sin precisar nombres, que hay candidatos que representan intereses de los traficantes.

Todos estos delitos están vinculados con la corrupción, un mal que afecta a las instituciones peruanas y ha llevado al descrédito del aparato estatal y de organismos tan importantes como el Congreso y el Poder Judicial.

Entre los ciudadanos estas instituciones aparecen como las más desprestigiadas, por lo que exigen al próximo Gobierno que enfrente la corrupción con mano firme y leyes severas.

Consciente de que este es el punto más cuestionado de su vida política, Keiko sostiene que no permitirá "que la historia se repita", en alusión a la gigantesca red de corrupción que se formó durante el régimen de su padre, el expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000).

Kuczynski admite que la corrupción "es un tema casi cultural" en su país, por lo que considera necesario fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Mendoza, por su parte, afirma que se debe reforzar la lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales, con el fortalecimiento de la Contraloría General.

Además de la lucha por mantener las buenas cifras macroeconómicas que ha logrado Perú en los últimos años, estos problemas presentan un escenario complejo para el gobernante que asumirá el 28 de julio con la meta de consolidar el desarrollo del país en medio de las celebraciones de su bicentenario.