El Partido de los Trabajadores (PT), que lideran el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y la mandataria Dilma Rousseff, suspendida por el Senado, bebió hoy del mismo veneno que intentó usar contra otros Gobiernos mientras fue oposición.

Desde que en 1985 Brasil recuperó la democracia tras 21 años de regímenes militares, el Parlamento recibió 132 solicitudes para la apertura de un "impeachment", figura del derecho británico usada en el país para definir el proceso de destitución de un mandatario.

De esas 132 iniciativas, 50 fueron presentadas o apoyadas por el PT, fundado por Lula en 1980, contra los gobiernos presididos por Fernando Collor de Melo (1990-1992), Itamar Franco (1992-1995) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).

La única de esas peticiones que prosperó fue la presentada contra Collor de Melo, que no fue directamente articulada por el PT pero a la que esa formación se adhirió desde el primer momento.

En el caso de Collor de Melo, quien renunció al cargo antes de que el Senado votase por su destitución, las acusaciones se basaron en un monumental escándalo de corrupción, del que el exmandatario y ahora senador finalmente fue absuelto en la justicia.

El PT fue particularmente activo en la oposición al Gobierno de Cardozo, contra quien presentó 17 pedidos de "impeachment" durante los ocho años que permaneció en el poder.

En su mayoría fueron rechazados por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer, quien en las elecciones de 2010 acompañó a Rousseff como compañero de fórmula y repitió en 2014.

Por paradojas de la historia, ahora como vicepresidente, el mismo Michel Temer que en su momento bloqueó los intentos del PT por poner fin al mandato de Cardoso, reemplazará en el poder a Rousseff, al menos durante los próximos 180 días.

Si Rousseff fuera finalmente absuelta, recuperaría el cargo una vez que concluya el proceso, pero en caso de su destitución, será Temer quien concluya el período que vence el 1 de enero de 2019.

Pese a colosales escándalos de corrupción, como el que estalló en la estatal Petrobras, las acusaciones contra Rousseff se limitan a unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de maquillar sus resultados, que incluyeron la omisión de multimillonarias deudas con la banca pública.

El Gobierno ha negado a rajatabla esas acusaciones, las reduce a meras "faltas" administrativas y ha denunciado el proceso como un "golpe de Estado".

De "golpe" también hablaron en su momento Collor de Melo, Franco y Cardoso, frente a cada una de las peticiones de "impeachment" que el PT presentó en su momento.