El Gobierno turco planea emitir los primeros decretos, tal y como le permite la situación de estado de emergencia iniciada el jueves, entre los que se contaría la confiscación de bienes de los supuestos golpistas y aumentar los periodos de detención, informa hoy el diario Hürriyet.

Según ese medio, las incautaciones de bienes de supuestos participantes en la fallida asonada del pasado viernes se prolongará mientras duren las pertinentes investigaciones.

Además, siempre según Hürriyet, los funcionarios que sean sospechosos de pertenecer a la cofradía de Fetullah Gülen, el clérigo al que Ankara acusa de organizar el golpe, serán despedidos sin ningún tipo de compensación, mientras que los simpatizantes serán degradados en sus cargos.

Hasta el momento, unas 50.000 personas en todo el país han sido suspendidas de sueldo por su supuesta vinculación con Gülen.

Hürriyet, que cita fuentes gubernamentales anónimas, indica que otra de las medidas que el Gobierno tomará por decreto es la ampliación de cuatro a siete días del periodo que alguien puede estar detenido antes de ser enviado al juez.

Además, se cerrarán escuelas, fundaciones y asociaciones que se crean vinculadas a Gülen.

La Gendarmería, un cuerpo policial militarizado y que se mantuvo fiel al Gobierno durante la asonada, tendrá menos dependencia del Ejército.

Además, el Gobierno planea una campaña internacional en la que los ministros de Justicia y Exteriores viajarán a Estados Unidos, donde Gülen reside desde 1999, para discutir su extradición a Turquía.

Bajo el estado de emergencia, el Gobierno puede aprobar decretos-ley que sólo tienen que pasar por el Parlamento 30 días después.

Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU han reclamado de Turquía el pleno respeto al orden constitucional y a los derechos humanos durante el tiempo, en principio tres meses, que esté vigente el estado de emergencia.

"Estamos siguiendo muy de cerca y con preocupación los acontecimientos con respecto al estado de emergencia que ha declarado Turquía tras el intento de golpe", dijo ayer la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.