El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, anunció hoy que París y Berlín pretenden lanzar una iniciativa internacional para controlar el uso de tecnologías de cifrado de datos por parte de terroristas que buscan ocultar sus comunicaciones en internet.

Ese tema, visto como "crucial" en la lucha antiterrorista, será evaluado en la reunión que Cazeneuve y su homólogo alemán, Thomas de Maizière, mantendrán el próximo 23 de agosto en París.

El encuentro, según informó al término de un Consejo restringido de Defensa, busca "lanzar una iniciativa europea destinada a preparar otra más internacional que permita afrontar ese nuevo desafío, que para ser eficaz reclama una acción más allá de las fronteras nacionales".

Cazeneuve destacó que muchos de los mensajes que se intercambian con la intención de cometer atentados terroristas se sirven de medios cifrados, "lo que dificulta el trabajo de los servicios de inteligencia".

Para el representante francés, arrestos recientes y el trabajo de los servicios secretos han demostrado "la importancia del desafío y la necesidad de hacerle frente a nivel internacional".

Las conclusiones del encuentro del próximo día 23, dijo, se transmitirán tanto al presidente de Francia, François Hollande, como a la canciller alemana, Angela Merkel, con el objetivo de crear "en las próximas semanas un contexto que permita avanzar en propuestas concretas".

El Consejo restringido mantenido hoy en el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia gala, sirvió para repasar el dispositivo de seguridad desplegado en el país, en un momento en que el nivel de amenaza es "extremadamente elevado".

De más de 60 eventos programados en todo el territorio a lo largo del verano, según sus cálculos, 15 han tenido que ser anulados o pospuestos porque no reunían las condiciones necesarias de seguridad.

El estado de emergencia en Francia fue prolongado el pasado 21 de julio hasta el mes de enero y desde esa última prolongación, según anunció posteriormente el primer ministro, Manuel Valls, se han llevado a cabo 182 registros administrativos sin orden judicial y se ha sometido a residencia vigilada a 89 personas.