Varios activistas esperan en una sala de la asociación de abogados de la ciudad de Imphal, en el noreste de la India, la llegada de familiares de víctimas para recopilar en un mes documentos que ayuden a probar 1.528 supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad.

La búsqueda se ampara en una decisión histórica del Tribunal Supremo de la India del 8 de julio, en la que tras calificar de "inaceptable" el uso "excesivo de la fuerza" del Ejército y la Policía, pidió más detalles sobre esos 1.528 casos ocurridos entre 1979 y 2012 en el estado de Manipur, del que Imphal es la capital.

Desde el 25 de julio se ha aportado información de alrededor de 600 casos después de que familiares de víctimas relataran la forma en que mataron a sus allegados en este estado limítrofe con Birmania en el que operan una treintena de grupos insurgentes con ambiciones secesionistas.

Tres mujeres entran en la sala y sin demora comienzan a mostrar documentos de identidad y fotografías descoloridas de sus hijos en un parque, en la playa... y reviven su historia.

"Dijeron que mi hijo era un terrorista, pero soy su madre y sé que no pertenecía a ningún grupo insurgente. Era un deportista muy conocido en mi pueblo y también había participado en eventos nacionales", afirmó a Efe Loitam Libati, de 65 años, después de narrar su caso a una de las activistas.

Según Libati, el día que mataron a su hijo éste se había ido temprano a practicar kabbadi, un deporte originario de la India, con algunos amigos en Imphal y lo siguiente que supo de él fue que había muerto supuestamente a manos de las fuerzas de seguridad.

Relatos similares son recopilados por los activistas de la Asociación de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales (EEVFAM), que llevaron el caso ante el Tribunal Supremo, y la organización Human Rights Alert (HRA), ambas con base en Imphal, para tratar de demostrar que se produjeron "falsos enfrentamientos".

"Muchos de los casos tienen que ver con jóvenes que salen de casa, los capturan las fuerzas de seguridad y dos días después los encuentran a un lado de la carretera y dicen que se produjo un enfrentamiento", explicó a Efe en la sala Babloo Loitongbam, director de HRA.

"Normalmente los visten además con ropa de camuflaje que les queda grande y les ponen una granada en la mano", agregó.

Preguntado sobre este tipo de acusaciones, el director general de la Policía de Manipur, L.M. Khaute, prefirió no hacer ningún comentario mientras continúe el proceso abierto en la máxima instancia judicial india.

"No puedo comentar nada hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión final, sería irrespetuoso por mi parte si dijera algo", remarcó Khaute, que representa a un cuerpo de seguridad omnipresente en Manipur.

La que sí habla es Thoibi Konthoujam, de 66 años. Cuenta que el 22 de septiembre de 2007 su hijo Indra, de 25 años, salió de casa en coche con dos amigos y tras ser detenidos por una patrulla de seguridad, sin provocación, los ejecutaron a bocajarro, de acuerdo con el testimonio de unos vecinos.

De manera muy diferente, varias noticias aparecidas en días sucesivos en un medios locales aseguraban que los tres jóvenes habían muerto en un "enfrentamiento" con la Policía y recogían un supuesto comunicado del grupo insurgente secesionista PREPAK que los identificaba como destacados miembros de sus filas.

Renu Takhellambam, de 33 años, es otra víctima de la violencia en Manipur, pero lejos de amedrentarse, preside EEVFAM desde su fundación, en 2009, cuando los "asesinatos" por parte de las fuerzas de seguridad estaban "en su máximo apogeo", anotó a Efe.

"Ahora esperamos que gracias a este juicio las víctimas al fin puedan recibir justicia y haya algo de paz en Manipur", concluyó Renu, que relató que perdió a su marido en 2007 tras recibir "un disparo en la frente" por no detenerse en un control policial.