El futuro judicial de Ricardo Martinelli por un caso de escuchas ilegales depende de la decisión que tome EE.UU. sobre la solicitud de detención y extradición hecha hoy por la Cancillería de Panamá, una acción que fue tildada de "antidemocrática" e ilegal por la defensa del exmandatario panameño.

El Ministerio panameño de Asuntos Exteriores solicitó a Estados Unidos, a través de su embajada en Washington, detener y extraditar a Martinelli, a quien la Corte Suprema de Panamá quiere interrogar por supuestamente haber ordenado la interceptación de las comunicaciones a casi dos centenares de personas cuando fue presidente, entre 2009 y 2014.

Martinelli, que abandonó Panamá el 28 de enero de 2015 cuando el máximo tribunal aceptó la primera de las al menos seis causas que hay en su contra, vive en Miami (EE.UU.), desde donde lleva meses denunciando que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor y antiguo vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela.

La jefa de Comunicación de la Cancillería, Mónica De León, dijo este martes que ese despacho solo fue el canal para tramitar la solicitud de la Corte y asegurar que cumplía con todos los requisitos, y que "ahora queda en manos de Estados Unidos tramitarla".

El Supremo envió el pasado 26 de mayo a la Cancillería la petición de extradición, que fue ordenada en un pleno el pasado 21 de diciembre de 2015.

"Sabemos que esto no va a ser rápido, ya las autoridades panameñas cumplieron con la responsabilidad que les cabía, fue lento, pero nos sentimos complacidos (...) Ahora quienes tienen que tomar las decisiones son las autoridades estadounidenses", dijo una de las presuntas espiadas, la dirigente histórica del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera.

El Departamento de Estado de EE.UU. evitó este martes hacer comentarios sobre la petición del Gobierno panameño al asegurar que se trata de un trámite "confidencial", y no quiso ni siquiera confirmar si la había recibido.

Normalmente, una petición de extradición de un ciudadano extranjero residente en EE.UU. y buscado en su país se tramita entre los Departamentos de Estado y de Justicia, y cuando concluye la revisión del caso es el titular de Exteriores estadounidense, John Kerry, quien toma la decisión final.

En Panamá, el portavoz del expresidente, Luis Eduardo Camacho, indicó que la solicitud "no va a prosperar" porque es producto de un proceso judicial viciado en el que Martinelli ni siquiera ha sido imputado.

El exmandatario ya cuenta con un equipo de abogados en EE.UU. para afrontar el caso, señaló por su parte el defensor y ex procurador general panameño, Rogelio Cruz, en una rueda de prensa en la capital de Panamá.

Los defensores insistieron en que Martinelli no ha tenido en ningún momento derecho a una legítima defensa porque ni la Cancillería ha escuchado sus recursos ni el exmandatario conoce los cargos que se le atribuyen por la falta de imputación.

Cruz anunció además un nuevo recurso que introdujo el pasado viernes en el Supremo que busca anular la labor de la Cancillería en este proceso por violación de derechos humanos.

De no conseguir ese objetivo, los abogados presentarán su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo Cruz.

La abogada defensora y correligionaria de Martinelli, Alma Cortés, aseguró que el Gobierno de Juan Carlos Varela hará el "ridículo internacional" con su "insistencia" en enviar a EE.UU. una solicitud "incapaz de resistir el más mínimo análisis jurídico".

Otra de las víctimas de los supuestos pinchazos, el catedrático de la Universidad de Panamá Miguel Antonio Bernal, indicó no tener la menor esperanza de que la extradición se concrete porque "ningún país" la admitiría "sin la figura de la imputación".

Martinelli reaccionó en las redes sociales a la decisión del Gobierno de Panamá, al que calificó de "lerdo, inepto y corrupto", y le acusó de querer desviar la atención de los problemas sociales con su supuesta "persecución política".

El exmandatario, de 64 años e investigado en otros casos por supuesta corrupción, es además un magnate de supermercados con intereses en numerosos sectores económicos del país.