El Ejército se ha hecho cargo hoy de la seguridad en el estado brasileño de Espírito Santo, en el sudeste del país, tras el caos provocado por una huelga de policías que ha dejado al menos 90 muertos en circunstancias violentas desde el sábado.

Camiones militares patrullan por las calles de Vitoria, la capital del estado, que hoy amaneció con las calles desiertas y la mayoría de los comercios cerrados por temor a los saqueos.

También buena parte de los colegios, las facultades universitarias y los centros médicos permanecen cerrados y solo funcionan algunas líneas de autobuses.

La gobernación de Espírito Santo publicó hoy un decreto en el que transfiere el control de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas hasta el próximo día 16 y acusa a los policías en huelga de "chantajear" a la sociedad con la protesta.

"Es un chantaje abierto, es la misma cosa que secuestrar y cobrar rescate", denunció el gobernador de Espírito Santo, Pablo Hartung.

Familiares y representantes de los agentes mantienen bloqueadas las salidas de los cuarteles desde el sábado dado que los policías militares no pueden manifestarse ni hacer huelga porque están bajo el reglamento del Ejército.

La protesta responde a un reclamo de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo para los 10.000 agentes, que perciben un sueldo básico de 2.642 reales (unos 800 dólares) y llevan tres años sin aumentos.

"Estamos protestando no solo por el salario sino por las pésimas condiciones que les son ofrecidas a la policía para hacer su trabajo. Usan coches desmantelados, sin combustible, equipos viejos", denunció Euzy Esteva, esposa de un agente de la Policía Militarizada.

"Nuestra reivindicación es que el gobierno nos atienda, queremos conversar. No aceptamos que nos manden a casa para después conversar", insistió.

El acuartelamiento de la Policía Militarizada desató una ola de violencia desde el fin de semana que el gobierno local trató de frenar con ayuda de las Fuerzas Armadas, que comenzaron a actuar en Vitoria en la noche del lunes.

Sin embargo, la presencia de 1.200 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional no ha logrado acabar con los incidentes violentos que han dejado al menos 90 víctimas, entre ellas un policía civil que fue enterrado hoy.

El caso de Espírito Santo ha desatado la alerta en otros estados que atraviesan por problemas financieros, en especial Río de Janeiro, hundido en una grave crisis que se ha traducido en ajustes y retrasos en el pago de los salarios a los funcionarios, incluida la Policía.

En medio de rumores sobre una posible convocatoria de huelga de los policías, el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, anunció hoy que el pago de los sueldos de los agentes será regularizado esta semana con una subida del 10,22 por ciento para compensar la inflación.

La gobernación hasta ahora no ha abonado a los agentes la prima de Navidad ni una bonificación a la que tenían derecho por su actuación en los Juegos Olímpicos de agosto pasado.

Paralelamente, la dirección de la Policía Militarizada en Río de Janeiro emitió un comunicado en el que admite que las protestas para conseguir mejoras en las condiciones laborales son legítimas, pero pide a los agentes que reflexionen sobre las consecuencias de una posible paralización de sus labores.

"¿A quién le interesa la barbarie?", señala el comunicado, que advierte que la ausencia de la policía "causaría males incalculables e irreparables".

La situación en Río de Janeiro es especialmente compleja, no solo porque es una de las ciudades con mayor índice de violencia del país sino por la proximidad del carnaval, la mayor fiesta de Brasil, que atraerá este año a más de 1,5 millones de turistas a la ciudad.