El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy que pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acogerse a la ley de quiebras para dar solución a una deuda de 70.000 millones de dólares.
Esta petición se ampara en el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés), una vez agotada sin éxito la negociación entre el Gobierno de Puerto Rico y sus deudores.
El título III, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, paraliza todas las demandas judiciales, y tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del deudor -el Gobierno- deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
En conferencia de prensa, el gobernador, quien trasladó su notificación a la JSF ayer, indicó que la petición venía "con el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores".
A su vez, explicó que tras "amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley PROMESA permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico".
La moratoria que impedía que los acreedores reclamasen en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico, dejó de tener efecto ayer.
"Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño", agregó.
El gobernador destacó que de manera responsable su Administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo de 2017.
Esto representa un recorte de 80 por ciento en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.