El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, ha asegurado este lunes que su departamento ha mediado "centenares de veces" para conseguir medidas "sustitutivas" de prisión "menos gravosas" para varios presos y ha asegurado que el líder de la oposición Leopoldo López, en prisión desde febrero de 2014, puede ser "beneficiario" de estas medidas.

"Esta es una medida cautelar y consideramos que en este caso, la Defensoría va a participar en temas inherentes a todos estos casos, no sólo al de (Leopoldo) López", ha indicado, en una entrevista concedida a la cadena Globovisión.

"Hemos considerado que él pudiera ser beneficiario de ello. Nuestra opinión es que sí pudiera serlo, y tendremos la oportunidad de dar las razones por las cuales pudiera hacerlo", ha señalado.

A principios de año, la exministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, confirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro había iniciado "un diálogo" con el opositor venezolano.

En el marco de las conferencias sobre el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, la canciller venezolana confirmó esta información, indicando que en la víspera "un representante de su partido (Voluntad Popular) y su esposa (Lilian Tintori) pretendieron desmentirlo y negarlo".

"Estamos esperando que vuelvan a decir que es mentira, porque el país entero conocerá a través de cadena nacional la verdad al respecto", señaló entonces.

Tintori, en rueda de prensa, aseguró que había podido hablar con López, al que vio "firme y fuerte" y que le confirmó que a la prisión pudieron entrar el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como la propia canciller y el gobernador de Caracas, Jorge Rodríguez.

"El mensaje que me dio ayer es muy claro: Leopoldo jamás va a negociar su libertad. Primero está la libertad de su país", señaló la esposa del dirigente de Voluntad Popular. "Se habló de casa por cárcel", indicó, si bien matizó que ni le pidieron "nada" ni "le pusieron ningún tipo de condiciones".

"Le hablaron de casa por cárcel", explicó, asegurando que él mismo lo rechazó porque "tiene" que salir "de último". "Primero tienen que salir los presos, que tenemos 290 presos políticos, y Leopoldo pidió la libertad de todos", agregó Tintori.

Esa misma semana, el exministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón desveló que López había recibido una oferta por parte de una delegación gubernamental para ser puesto en libertad a cambio de que desacreditara públicamente las movilizaciones opositoras.

Según el exministro, que forma parte del equipo jurídico de López, se había presentado una comisión en la cárcel de Ramo Verde, en la que estaba Rodríguez Zapatero y la canciller venezolana para hacerle llegar dicha oferta: "irse a casa a cambio de desautorizar las protestas".

"Podría haber dormido en su casa, si hubiera aceptado la espuria y chantajista oferta del Gobierno de Maduro", aseguró Ruiz Gallardón. "Estaría ya en casa. La respuesta fue no", afirmó el exministro en un encuentro del Instituto Atlántico que ha contado con la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Ruiz Gallardón ha criticado a Rodríguez Zapatero --que ejerce de mediador de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)-- por la "vergüenza e indignidad" de la situación y ha señalado que López renunció alegando que no sería "el primer preso, sino el último en ser liberado en Venezuela".

La oferta se habría hecho poco antes de que se difundiera un vídeo en redes sociales en el que López invita "a toda Venezuela" a que "continúe en las calles con firmeza". "Hay dos razones que la legitiman, históricamente ha sido así. Primero, enfrentar a un gobierno déspota, tiránico, que humilla a sus ciudadanos. Y segundo, cuando un gobierno no tiene la capacidad para darle respuesta a los problemas de los ciudadanos", dijo.

Un tribunal caraqueño condenó a López el 10 de septiembre de 2015 a 13 años, nueve meses y siete días de cárcel por incitar a la violencia durante las masivas protestas opositoras de 2014, que se saldaron con 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.

López se entregó el 18 de febrero de ese año a las autoridades venezolanas para responder ante la Justicia. Desde entonces se encuentra preso en la cárcel militar de Ramo Verde. La oposición, gobiernos extranjeros y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos le han calificado de "preso político" y han instado a su liberación.