En la pequeña estación de Menton, la primera en Francia al llegar desde Italia, una situación se repite con la llegada de cada tren: la policía registra cada compartimento, identifica a los inmigrantes irregulares y les hace bajar al andén.
Los adultos son expulsados al otro lado de la frontera tras pasar por el puesto de la policía fronteriza, mientras que los menores no acompañados son sistemáticamente devueltos al país vecino en tren.
El valle del Roya, que comienza en Francia y llega hasta la localidad italiana de Ventimiglia, es el escenario de un tira y afloja entre las fuerzas del orden galas que controlan la frontera y los vecinos que tratan de ayudar a los numerosos inmigrantes que cada día intentan cruzarla.
Casi mil personas llegadas a las costas italianas de países como Eritrea, Afganistán o Sudán buscan alcanzar Francia para continuar la ruta hacia el norte o para pedir asilo en el país. Un flujo que las autoridades galas se esfuerzan por impedir.
Una buena parte de los que consiguen evadir el control de la policía -unas cien personas al día, según Amnistía Internacional- llegan al valle, donde la asociación de vecinos "Roya Citoyenne" trata de ayudarlos a llegar a Niza.
Allí pueden "pedir asilo o continuar la ruta", explica uno de sus miembros, Gérard Bonnet, un jubilado de 64 años que se instaló en el valle hace más de tres décadas.
Las autoridades no aprecian esta labor, reivindicada como solidaria por los militantes: el mes pasado cuatro miembros de la asociación (entre ellos, Bonnet) fueron condenados a una multa de 800 euros exenta de cumplimiento por haber transportado a seis inmigrantes en situación irregular.
El caso más mediático es el de Cédric Herrou, un agricultor de 37 años condenado a una multa de 3.000 euros, cuya propiedad se encuentra junto a la frontera italiana y que ha llegado a acoger a casi doscientos inmigrantes al mismo tiempo.
"No estamos ante una ayuda humanitaria, se trata de la acción de un grupo de gente que contesta la aplicación de la ley en el control de las fronteras", responde tajante el fiscal de Niza encargado de la acusación de los activistas, Jean Michel Prêtre.
"Considero que la acción de estas personas consiste en ayudar a la entrada, la estancia y la circulación ilícita de personas extranjeras en situación irregular", añade.
El problema, asegura Bonnet, es que "si los inmigrantes se encuentran con una patrulla de policía o de militares, éstos los atrapan y los devuelven a la frontera", por lo que "los derechos de los extranjeros no son respetados".
"Las autoridades han comenzado a instalar puestos de control en las carreteras del valle" y hay una campaña de acoso a los militantes de la asociación, se lamenta.
En el puesto fronterizo de carretera de montaña que une Ventimiglia con Niza, un grupo de seis policías controla cada coche, en especial los que tienen cristales tintados, a la búsqueda de inmigrantes irregulares.
"Cada semana son juzgados entre 7 y 10 traficantes", señala el fiscal, que añade que "el precio del pasaje ha aumentado de 30 euros a 300 en apenas un año".
Los controles entre ambos países deberían intensificarse hasta que se cree "un verdadero cuerpo fronterizo europeo que limite el flujo migratorio", resume el diputado conservador Eric Pauget, una posición que sigue la línea oficial de su partido, Los Republicanos, que preside esta región del sur de Francia.
Desde el principio de este año, más de 83.600 personas han llegado a Italia por mar, un incremento de un 20 % con respecto al mismo periodo de 2016.
Los ministros del Interior de Francia, Alemania e Italia se reunieron este domingo en París para acelerar el programa de reubicación de refugiados en los países europeos y crear un código de conducta para las organizaciones humanitarias que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo.
"Hace dos semanas, el presidente Emmanuel Macron dijo que teníamos que ayudar más a los inmigrantes y, el mismo día, el ministro del Interior se opuso a crear un centro de acogida en Calais. ¿A quién hay que creer?", se interroga, con una sonrisa irónica, Bonnet.