Las autoridades de Birmania (Myanmar) elevaron a 89 el número de muertos en los ataques que rebeldes de la minoría musulmana rohinyá hicieron ayer contra puestos de la policía y el Ejército, informó hoy la prensa estatal.

Los muertos son 77 insurgentes, 10 policías, un soldado y un guardia fronterizo, según indicó el diario Global New Light of Myanmar, que añadió que otros 11 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

Los ataques comenzaron en la madrugada del viernes y duraron hasta avanzada la mañana, con asaltos a unos treinta controles de la Policía, puestos fronterizos y militares en los municipios de Maungtaw, Buthidaung y Yathedaung, en la frontera con Bangladesh.

Los insurgentes atacaron armados con cuchillos, machetes, hachas, tirachinas y otras armas caseras, según imágenes del armamento incautado divulgadas por las Fuerzas Armadas.

La oficina de la Consejera de Estado, la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, calificó a los asaltantes de "terroristas" y denunció que los ataques pretendían "socavar los esfuerzos en aras de la paz, la estabilidad y la coexistencia de las comunidades locales".

La acción fue reivindicada por el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), grupo al que se atribuye un ataque similar el pasado octubre que causó la muerte de nueve policías y desencadenó una operación de represalia del Ejército.

La ONU y varias organizaciones condenaron esa campaña militar en la que denunciaron todo tipo de abusos contra la población civil, incluidos asesinatos, saqueos y violaciones, y que llevó a unos 74.000 rohinyá a huir a Bangladesh.

Las autoridades birmanas acusaron a los asaltantes de quemar decenas de casas de sus propias aldeas antes de huir, una acusación que ya hicieron tras el asalto de octubre pero que fue rechazada por grupos como Human Rights Watch que culparon al Ejército.

Más de un millón de rohinyá viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, sino que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.