Filipinas ha rechazado las recomendaciones de la ONU relacionadas con la polémica "guerra antidroga" del presidente Rodrigo Duterte y la restauración de la pena de muerte, informó hoy el Gobierno.

Esas propuestas figuran entre las 254 directrices recomendadas el pasado mayo por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, y de las que Manila acatará solo 103, indicó en rueda de prensa el portavoz presidencial, Ernesto Abella.

El Ejecutivo filipino decidió qué recomendaciones aceptar y cuáles rechazar "tras una consulta exhaustiva con las partes interesadas" y "en línea con nuestra política exterior independiente", expuso el portavoz.

Investigar los asesinatos extrajudiciales de la guerra antidroga y permitir que la ONU inspeccione este caso, detener el proceso de restauración de la pena de muerte y descartar la reducción de la edad de responsabilidad criminal son las propuestas más importantes rechazadas por Filipinas.

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) solicitó al país estas medidas para luchar contra la impunidad, tras multiplicarse las denuncias de participación de las fuerzas de seguridad en ejecuciones extrajudiciales como parte de la sangrienta cruzada contra la droga de Duterte.

Desde que el presidente asumió el poder en junio del año pasado la "guerra antidroga" suma más de 7.000 muertos, según estimaciones de varias ONG, entre ellos más de 3.800 supuestos traficantes, delincuentes y drogadictos abatidos por la policía tras supuestamente resistirse.

El pasado día 11 el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra''ad Al Husein, aseguró estar "gravemente preocupado por el apoyo del presidente a una política de matar a los sospechosos" y por "la aparente ausencia de investigaciones creíbles" de las ejecuciones.

Las condenas a la "guerra" de Duterte contra las drogas crecieron tras las polémicas muertes el mes pasado a manos de la policía de dos jóvenes filipinos sin aparente relación con el narcotráfico.

Por otra parte, la política de línea dura de Duterte también contempla reducir la edad penal de 15 a 9 años y restaurar la pena de muerte (abolida en 2006), mociones ambas que están pendientes de una resolución final del Congreso bicameral del país asiático.