La Fiscalía presentó hoy una solicitud de desafuero, la segunda, contra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, esta vez por haber recibido un bono extraordinario por parte del Ejército, un dinero que tuvo que devolver porque se le había otorgado de forma anómala.
"El Ministerio Público (...) presentó este día una solicitud de antejuicio (retiro de la inmunidad) contra el presidente (...) por la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito", dijo el MP, tras una denuncia presentada por una organización humanitaria.
Esta es la segunda petición de retirada de inmunidad que la Fiscalía presenta contra el presidente en un mes, después de que en agosto, junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pidieran desaforarlo para que pueda ser investigado por un supuesto delito de financiación electoral ilícita en el año 2015.
La petición de este miércoles, presentada por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ante Gestión Penal del Organismo Judicial, se realiza después de un "reporte de transacción sospechosa" de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), y de la denuncia presentada por la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) el pasado día 21.
"La IVE reportó que el presidente presuntamente recibió varios depósitos de 50.000 quetzales(6.858 dólares) del Ministerio de la Defensa sin que hubiese un sustento legal", agregó el MP, que también cuenta con un informe entregado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre este caso.
La propia Contraloría denunció este miércoles al titular de Defensa, Williams Mansilla, por supuesto abuso de autoridad tras haber instituido este "bono extraordinario de responsabilidad" para el presidente y el resto del alto mando militar desde diciembre pasado.
El ministro Mansilla confirmó el pasado 12 de septiembre que se repartían los bonos al presidente, así como al resto del alto mando militar y personal de la cartera de Defensa y del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Este año el presupuesto para dicha bonificación fue de 471,8 millones de quetzales (3,4 millones de dólares) y el presupuesto del renglón correspondiente para el próximo ejercicio aún está pendiente de aprobarse.
El presidente Morales, en su calidad de comandante general, recibió mensualmente 50.000 quetzales (6.858 dólares); el ministro Mansilla 45.000 (6.172 dólares); el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Erick Servando Cano, 40.000 (5.486 dólares); y tres de los viceministros de Defensa 35.000 (4.801 dólares) cada uno.
Tras conocerse, la CGC constituyó de inmediato una auditoría para indagar lo sucedido y ordenó al mandatario explicar por qué recibía el bono o, de lo contrario, que devolviera los 450.000 quetzales (61.728 dólares) cobrados desde diciembre de 2016, algo que hizo Morales el pasado día 14 de septiembre.
La petición de antejuicio presentada este miércoles debe ser enviada a la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver si procede o no, y en caso afirmativo, debe ser llevada al Congreso, que integrará una comisión pesquisidora para elaborar un informe y luego votar la decisión en el pleno.
También en el hemiciclo ha quedado estancada la primera petición de desafuero contra Morales, sobre la que los diputados no han llegado a la mayoría necesaria (105 de los 158 posibles) para declararla con lugar o archivarla.