La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica suspendió hoy por tres meses al fiscal general de su país, Jorge Chavarría, para investigarle por supuestas irregularidades en su actuación sobre un caso de aparente tráfico de influencias que involucra a diputados y a un importador de cemento chino.
Los magistrados de la Corte celebraron este viernes una sesión extraordinaria en la que acordaron suspender de todas sus funciones a Chavarría, quien será sustituido en el cargo por la fiscal subrogante, Emilia Navas.
La investigación contra el fiscal general se fundamenta en que el Ministerio Público no incluyó un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un documento en el que Chavarría pidió meses atrás a la Sala III de la Corte Suprema que desestimara una causa por presunto tráfico de influencias.
La causa implica a los diputados Víctor Morales Zapata, separado del oficialista Partido Acción Ciudadana, y Otto Guevara, del derechista Movimiento Libertario, quienes al parecer ayudaron al empresario Juan Carlos Bolaños a modificar reglamentos para la importación de cemento chino.
El informe del OIJ contendría evidencias sobre el caso, que ha sido bautizado por la prensa local como "El cementazo".
La suspensión del fiscal general fue sugerida por el Tribunal de la Inspección Judicial el lunes pasado, y también estaba siendo exigida por los medios de comunicación, la Asociación de Fiscales costarricenses y sectores políticos.
Este asunto es parte de un complejo caso que investiga el Congreso y que ha sido destapado por la prensa local, en el que supuestamente el empresario Juan Carlos Bolaños fue beneficiado con modificaciones de reglamentos y créditos bancarios en condiciones irregulares para la importación de cemento desde China.
El caso plantea aparentes relaciones cercanas entre Bolaños y diputados, exministros y funcionarios del Gobierno del presidente del país, Luis Guillermo Solís, un magistrado, altos dirigentes de diversos partidos políticos y funcionarios bancarios.
Bolaños recibió créditos de varios bancos estatales, pero el más polémico es uno de 30 millones de dólares otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) en condiciones irregulares relacionadas con los desembolsos y la utilización de cemento como parte de la garantía.
El presidente Solís suspendió a principios de octubre a la Junta Directiva del BCR después de que sus miembros se negaran a acatar la orden del mandatario de renunciar a sus cargos.
El pasado 4 de septiembre Solís compareció ante una comisión investigadora del Congreso para dar explicaciones sobre una reunión que sostuvo con el empresario Bolaños y otras seis visitas que este hizo a la Casa Presidencial para reunirse con funcionarios del Gobierno.
El Gobierno de Solís aplicó cambios a reglamentos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.
El presidente costarricense ha afirmado que los cambios se efectuaron para romper el duopolio de las empresas Cemex y Holcim y beneficiar a los consumidores.