La trama de corrupción bautizada como "Tráfico de influencias", en la que se ofrecía agilizar trámites administrativos en Guatemala relacionados con el crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas, recibió casi 2,6 millones de dólares.

Así lo aseguró hoy en una conferencia de prensa Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente que, junto con la Fiscalía, comandada por Thelma Aldana, llevó a cabo esta investigación.

La causa, que empezó a ver la luz a raíz del caso "La Línea" -por el que están en prisión preventiva la expareja presidencial formada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti- estableció la existencia de una estructura vinculada al cobro de comisiones a cambio de agilizar trámites de expedientes de crédito fiscal.

En el esquema de esta trama, dijo Aldana, el papel "clave" era desempeñado por el extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Giovanni Marroquín Navas, también en prisión preventiva por la red "La Línea", pues era el "enlace" entre los funcionarios de la superintendencia que agilizaban los trámites y los intermediarios que buscaban clientes, es decir, empresas.

"Fue quien negoció, ofreció y dio beneficios económicos" a los funcionarios de quienes era "amigo", varios ya en prisión, y a los intermediarios para alterar "el orden cronológico" en la resolución de los expedientes, y lo hizo de forma "eficiente", pues logró reducir los tiempos de los mismos, al menos 30, en los años 2011, 2013 y 2014, según las fuentes.

Los clientes fueron 9 empresas, de sectores como la palma africana, las bebidas alcohólicas o el azucarero, y los intermediarios que les buscaban eran el excandidato a la Vicepresidencia en 2015 y empresario Mario Leal, el diputado y vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, y el empresario Alfredo Muñoz Ledo, citado a declarar junto a otra decena de personas, según las investigaciones.

Sobre el parlamentario, las autoridades presentaron una solicitud de retirada del fuero para que pueda ser investigado por los delitos de "tráfico de influencias y cohecho activo", al igual que en el caso del juez Adrián Rodríguez, a cargo del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a quien quieren investigar por prevaricación y denegación de Justicia.

Las pesquisas preliminares, detalló la fiscal, señalan que Alejos "formó parte de los agentes externos" de la organización criminal, que ofrecía "servicios de gestión" ante la SAT para agilizar las solicitudes a cambio de "comisiones ilícitas".

Sobre el juez se cree que "a sabiendas y con toda determinación" emitió una resolución "contraria a la ley" y "fundada en hechos falsos buscando excluir de la persecución penal" a uno de los clientes de esta trama, la empresa Aceros de Guatemala, S.A.

El empresario Leal, quien está fuera de Guatemala desde el año 2016 y las autoridades creen que se halla en República Dominicana, recibió supuestamente unos 500.000 dólares en comisiones y ahora mismo está prófugo de la Justicia, al igual que otros 9 supuestos implicados, mientras que 8 fueron detenidos este jueves.

Para esclarecer este caso, la Fiscalía y la CICIG dirigieron este jueves un total de 30 registros, 29 en la capital y uno en Sacatepéquez, para concretar las órdenes de captura, emitidas por los delitos de cohecho activo, asociación ilícita y defraudación tributaria contra empresarios, exfuncionarios y particulares.

Los 19 millones de quetzales (casi 2,6 millones de dólares) que se cree que recibió la estructura criminal fueron depositados en una cuenta bancaria que administraba el cerebro de la operación, Marroquín, que luego enviaba el dinero a sus colaboradores a través de "terceras personas", enfatizó Velásquez.

Aldana dijo a la prensa que el desmantelamiento de estructuras cómo esta demuestra que el país va "por la vía correcta" y que, aunque durante muchos años la corrupción "fue la regla y no la excepción", la población tiene que denunciar y no tolerar esta lacra.