Polémico, lenguaraz y poco ortodoxo, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, cumple hoy dos años en el cargo empeñado en librar una batalla contra el crimen y las drogas, con un resultado de más de 4.200 sospechosos muertos en redadas de la Policía y otros 23.500 homicidios sin resolver.
Para atajar el baile de cifras de la campaña, las principales universidades de Manila lanzaron esta semana "El archivo contra la droga", que ha recopilado y unificado todos los datos disponibles de las agencias oficiales implicadas en la guerra antinarcóticos.
Además de las 4.279 muertes en redadas policiales, el estudio revela que entre el 1 de julio de 2016 -el día siguiente de que Duterte jurara como presidente- y el 11 de junio de 2018, hay 23.518 homicidios sin resolver, la mayoría de ellos amparados en la atmósfera de impunidad de la campaña impulsada por el mandatario.
Esto significa que una treintena de personas han muerto cada día desde que Duterte llegó al poder, aunque el impacto brutal de la campaña se ha mitigado durante el segundo año de mandato.
"Más allá de los números, el verdadero problema ahora es la falta de justicia. De manera sistemática, el gobierno de Duterte ha frustrado todos los intentos de crear un mecanismo de rendición de cuentas por esas muertes", afirmó el representante de Human Rights Watch (HRW) en Filipinas, Carlos Conde.
Según este experto, la guerra antidroga ha rebajado la intensidad en el último año debido al "clamor internacional" que desató la campaña y la amenaza de la Corte Penal Internacional de iniciar una investigación preliminar.
Dentro del país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos -institución creada por la Constitución de 1987 para investigar los abusos de actores estatales- ha abierto pesquisas de momento solo sobre 1.345 de estas "ejecuciones extrajudiciales", entre la falta de medios y la nula cooperación de la Policía y el Gobierno.
La investigación de estos casos también se ve entorpecida por la escasa implicación de las familias de las víctimas por miedo a represalias ante el clima de terror en la guerra antidroga, según han denunciado desde la comisión.
La campaña se ha ensañado con los barrios más pobres de Manila, donde es habitual el consumo de "shabú", una metanfetamina barata y accesible que les ayuda a evadirse de su cruda realidad o aguantar despiertos jornadas maratonianas de trabajo.
"Se está combatiendo la pobreza matando a los pobres", lamentó Conde, quien advirtió de que el perfil del adicto en Filipinas es muy distinto al de otros países, por lo que hay que tratar el asunto como un fenómeno derivado de la extrema pobreza, que afecta a unos 22 millones de personas en el país o más del 20 % de la población.
En sus dos años como presidente, Duterte no sólo ha sido beligerante con las drogas, sino también con sus rivales políticos y críticos con su gestión.
El caso más flagrante es el de la senadora Leila de Lima, encarcelada sin juicio desde febrero de 2017 presuntamente por recibir sobornos de narcotraficantes, algo que ella y sus partidarios políticos niegan y achacan a una acusación fabricada.
De Lima fue el azote del presidente desde que arrancó la guerra antidrogas, llegó a abrir una investigación en el Senado y se refirió a él como "asesino en serie" y "dictador".
El poder hasta ahora omnímodo de Duterte y su influencia entre la judicatura le han permitido cobrarse también el puesto como presidenta del Tribunal Supremo de Maria Lourdes Sereno, cesada del cargo en mayo, un mes después de que el mandatario la señalara públicamente como su "enemiga" por denunciar sus abusos.
La libertad de prensa también se ha visto resentida en estos dos años, cuando se han registrado al menos 85 casos de ataques o amenazas contra periodistas, a menudo a través de las redes sociales.
Su incontinencia verbal ha generado numerosas polémicas, especialmente sus comentarios sexistas o despectivos hacia las mujeres, de las que ha dicho que no están preparadas para ocupar cargos importantes de Gobierno, además de bromear con casos de violaciones o el turismo sexual.
En un acto con la comunidad filipina en Seúl a principios de mes forzó el besó a una mujer en los labios, la chispa que sacó a las calles al movimiento feminista #BabaeAko, elegido ayer por la revista Time entre los más influyentes "online".
El presidente también ha enfadado recientemente a la Iglesia y sus fieles en un país donde el 86 % de la población es católica practicante después de llamar a Dios "estúpido".
A pesar de que su popularidad ha perdido fuelle, especialmente entre las clases desfavorecidas de Manila más afectadas por la guerra antidroga, Duterte todavía goza del apoyo del 70 % de los filipinos, según los últimos sondeos, efectuados el pasado abril.