La mayoría de venezolanos lleva al menos una semana sin poder comprar carne de vacuno, un alimento que ha desaparecido de los comercios este mes cuando el Gobierno puso en marcha controles de precios con su plan de "recuperación" con el que espera sacar al país de la crisis.

Efe constató en varias carnicerías del este y oeste de Caracas que no se vende carne por lo menos desde hace una semana.

El mismo escenario se repite en los mercados municipales de varias ciudades y en los mercados populares que se montan semanalmente en decenas de comunidades y que agrupan a vendedores de varios productos, pero donde la carne también dejó de formar parte de la oferta.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el martes que el fin de semana pasado arrancó el "plan especial de abastecimiento de carne" en el país.

"Doy la seguridad de que vamos a regularizar el respeto a los precios porque Venezuela tiene la cabaña suficiente para que el pueblo tenga la carne a precios acordados", indicó el líder chavista al recordar que el kilo de carne tiene un precio fijado por el Gobierno en 78 bolívares (1,2 dólares según la tasa oficial de cambio).

En medio de la escasez generalizada que vive Venezuela desde hace años, la carne era un producto que se podía encontrar con relativa facilidad en mercados y carnicerías solo que a precios casi inalcanzables para alguien que devengue el salario mínimo legal, actualmente en unos 30 dólares.

Por ello, y por otras razones, el Ejecutivo puso en marcha el pasado 20 de agosto un plan financiero contra la crisis que incluye entre otros aspectos la devaluación de la moneda en un 95,8 %, el incremento de los impuestos y los controles de precios, una medida que estimuló la escasez.

Aunque expertos y opositores han criticado ampliamente las medidas económicas del Gobierno, Maduro destacó ayer el "buen funcionamiento" de su programa y advirtió de que mantendrá una "batalla permanente" para garantizar los precios "estables y acordados".

"Mano de hierro con los especuladores, no podemos darle la oportunidad que dañen este programa. Aquí no hay un sector privilegiado, si no quieren colaborar con el bienestar colectivo (...) entonces tendrán que dedicarse a otra actividad", prosiguió el jefe de Estado.

Algunos empresarios han denunciado que los llamados precios acordados no son tal cosa, sino que fueron impuestos por el Ejecutivo sin considerar las inversiones que debe hacer cada sector ni las ganancias, lo que ha desmotivado aún más a los productores locales y enriquecido la reventa y la especulación.