Los ocho militares detenidos este martes por su presunta implicación el caso de robo de armas ocurrido en junio de 2017 en el depósito militar de Tancos, en el centro de Portugal, asisten hoy a su primer interrogatorio ante el juez.

La diligencia comenzó a primera hora de la mañana y se espera que todos los detenidos sean escuchados durante la jornada de hoy.

En total se trata de cuatro miembros de la Policía Judicial Militar -entre ellos su director, coronel Luís Vieira-, tres uniformados de la Guardia Nacional Republicana y otro sospechoso civil.

La Fiscalía sospecha que habrían obrado de forma irregular para facilitar la reaparición del armamento robado, que se encontró cuatro meses después a apenas 20 kilómetros de donde fue sustraído, y así dificultar las pesquisas que se llevaban a cabo para averiguar el paradero de los objetos desaparecidos.

João Magalhães, abogado de uno de los detenidos, afirmó a su llegada al tribunal, en Lisboa, que su representado "solo hablará" cuando se llegue al final del caso y tachó de "irresponsable" la forma en que se ha desarrollado la investigación del Ministerio Público que ha llevado a las detenciones.

El robo de Tancos se produjo el 28 de junio de 2017 e implicó la desaparición de explosivos y municiones valorados en 34.000 euros.

La mayor parte de ese arsenal fue recuperado por la Policía Militar a mediados de octubre en el municipio de Chamusca, a algo más de 20 kilómetros del lugar del robo, según aseguró tras el hallazgo el jefe del Estado Mayor del Ejército portugués, el general Joaquim Rovisco Duarte.

Sin embargo, el pasado julio se divulgó un informe de los investigadores de la Fiscalía que contradecía la versión oficial y señalaba que no sólo faltan por hallar más de 1.450 balas del calibre 9 milímetros, como sostiene el Ejército, sino que siguen desaparecidas treinta cargas de explosivos y granadas.

Las numerosas contradicciones y lagunas tanto del robo como de la rápida recuperación han levantado sospechas hacia las Fuerzas Armadas, una institución muy respetada en Portugal desde la Revolución de Claveles de 1974.

También hacia el ministro de Defensa, José Alberto Azeredo Lopes, quien admitió recientemente no saber si se ha recuperado todo lo robado.