> La opositora Asamblea Nacional de Venezuela ofrecería en un proyecto de ley garantías a militares y funcionarios que desobedezcan al presidente del país, Nicolás Maduro, y que colaboren con un proceso de transición, según han asegurado diputados y un documento al que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters.
La oferta es parte de un proyecto de ley que discuten los principales partidos de la oposición y que busca bajar el coste de salida para las fuerzas que apoyan a Maduro, que comenzó su segundo mandato el 10 de enero, según han informado a Reuters cuatro parlamentarios.
El documento de 17 páginas se titula ley que "rige la transición a la democracia" e incluye un artículo en el que se acuerda una amnistía para presos políticos y además crearía "incentivos jurídicos" para que funcionarios "civiles y militares" participen en el proceso "de restablecimiento del orden constitucional".
La amnistía y las bases de la transición que votaría la Asamblea en las próximas semanas ha sido anunciada este viernes por el recientemente designado presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ante unas 2.000 personas, diputados y representantes de la sociedad civil, en un acto público en Caracas.
"Le hemos hablado claro y directo a la familia militar, que también pasa hambre y lo pasa mal (...) Aquí esta la legítima Asamblea Nacional", ha afirmado Guaidó. "Nadie tiene dudas de que Maduro es un usurpador", ha aseverado.
El proyecto ley de transición también señala que "el foco de la estrategia está dirigido a cambiar el deber de obediencia político-militar a los fines de lograr la cooperación necesaria para restaurar" la democracia. El texto no aclara el tipo de incentivos jurídicos que se ofrecerían a funcionarios y militares.
Como parte de su plan, la Asamblea prevé crear un "Consejo Nacional para la Transición Democrática", que será "el órgano superior" para coordinar a los poderes públicos, y cuyos miembros serán designados por el propio parlamento, según el texto visto por Reuters.
Guaidó también ha convocado una "gran movilización nacional" el 23 de enero contra el presidente Maduro, que ha jurado el cargo para un nuevo mandato de seis años.
"Necesitamos la fuerza de todo para que podamos lograr el cese de la usurpación y elecciones libres", ha agregado, antes de reclamar el respaldo a un gobierno de transición "que dará respuestas al pueblo venezolano que padece la peor crisis política, económica y social de su historia".
En este sentido, el parlamentario Miguel Pizarro ha destacado que Venezuela está "en el momento más peligroso" de su historia a causa de "los que están en el poder", según ha informado el partido opositor Voluntad Popular a través de un comunicado.
Asimismo, ha hecho un llamamiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que el jueves juró lealtad a Maduro, que "se una a esta lucha para lograr la transición y luchar de la mano del pueblo".
RECHAZO INTERNACIONAL
Todo ello hace patente la negativa de la oposición venezolana y de buena parte de la comunidad internacional a reconocer el nuevo mandato de Maduro, en consecuencia con su decisión de no reconocer tampoco los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo por considerar que fueron fruto de un proceso fraudulento.
El Grupo de Lima ha anunciado que, a partir del 10 de enero, iniciará una ofensiva diplomática contra Maduro y su Gobierno para forzarle a celebrar unas elecciones "creíbles". Estados Unidos ya ha ampliado su lista de sanciones contra la cúpula venezolana y la UE se mantiene a la expectativa.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ha afirmado este viernes que Estados Unidos "apoya con firmeza" a la Asamblea Nacional, a la que se ha referido como "la única rama legítima del Gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano".
"En particular, apoyamos la valiente decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de solicitar protecciones en virtud de la Constitución de Venezuela y declarar que Maduro no ocupa legítimamente la Presidencia del país", ha manifestado Bolton.
Maduro ha respondido dando un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima --al que considera una marioneta de Estados Unidos-- para que corrija su actitud "injerencista", bajo amenaza de adoptar "las medidas más crudas y enérgicas en diplomacia y en defensa de un Gobierno".