El juez del juzgado de instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, dictó ayer por la tarde el ingreso en prisión del empresario Fernando Becerra, el séptimo encarcelamiento de implicados en la trama de corrupción de Lanzarote.
Fernando Becerra Robayna, que fue imputado por cohecho, es hermano de Ubaldo Becerra, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, del PIL, que fue cesado por el primer edil después de su detención y que ahora también se encuentra en la cárcel.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el juez dictó ayer también la puesta en libertad sin fianza del empresario Jesús Martín Brito, quien también fue imputado por cohecho.
La madrugada de ayer ingresó en prisión otro constructor detenido por la trama de corrupción de Lanzarote, Lluis Lleó Khunel, quien fue arrestado el pasado jueves en Reus (Tarragona).
Lluis Lleó ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por dos delitos de cohecho,
Con Fernando Becerra y Lluis Lleó son siete los imputados en la "operación Unión" que ingresan en prisión acusados de participar en esta red que cobraba comisiones ilegales a empresarios a cambio de la contratación de obras y servicios o la gestión de permisos y licencias.
Otra vez el PIL
Los otros imputados que fueron enviados a prisión por este caso son Dimas Martín, líder del PIL que ya cumplía condena por otros delitos, quien fue imputado por cohecho y tráfico de influencias; Ubaldo Becerra, ex teniente de alcalde de Arrecife y encargado del Plan General, por cohecho; José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda y Urbanismo, por cohecho; Segundo Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, por cohecho; y Matías Curbelo, asesor del Patronato de Turismo de la isla, por cohecho.
Las investigaciones de la "operación Unión" afectan a los ayuntamientos de Arrecife y de Yaiza, aunque no se descarta que puedan saltar a otros consistorios como consecuencia de los interrogatorios realizados.
Renuncias
El partido socialista ha decidido pedir el cese de todos los concejales del PIL con los que compartía gobierno en el Ayuntamiento de Arrecife, por lo que el proceso judicial también está abriendo una brecha de incertidumbre política en la capital de la isla conejera.
El PIL, no obstante, es el partido político que ha salido peor parado con la detención de su presidente (que ya estaba en prisión) y de dos de sus concejales, hasta el momento.
La investigación policial está a cargo de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se han encargado de practicar detenciones en Arrecife, Gran Canaria y Tarragona.
La "operación Unión" se inició el lunes 25 de mayo con la entrada de los agentes de la UCO en el Ayuntamiento de Arrecife, donde practicaron registros para recabar pruebas.