El consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, reveló ayer que en la actualidad existen 3.345 puestos ocupados por personal laboral en la Administración de la Comunidad Autónoma que hacen labores de funcionarios de carrera.
Ruano, en una comparecencia parlamentaria instada por el Grupo Socialista sobre el proceso de funcionarización del personal de la Comunidad Autónoma, indicó que en el plan de ordenación del Gobierno canario ese personal, tras realizar las pruebas pertinentes, pasará a ser funcionario.
"Sólo estamos adaptando el acuerdo Administración-Sindicatos 2006-2009 que, por cierto apoyó el Grupo Socialista, en el estatuto básico de la función pública", indicó Ruano.
El consejero indicó que la tarea principal es que el Parlamento apruebe el proyecto de Ley de la Función Pública Canaria, que estará lista para finales de año.
Sobre la negociación para ordenar la función pública, Ruano dijo que existían diferencias con los sindicatos, "pero en general las cosas van bien".
"Hay sindicatos donde pesa más el personal laboral y en otras pesa más el funcionario", subrayó.
Señaló que otro objetivo es hacer un catálogo de puestos de trabajo, "pero lo más importante es que el personal laboral que se funcionarice reciba las mismas prestaciones que los funcionarios".
El diputado del Partido Popular (PP), Sigfrid Soria, indicó que el Gobierno canario está en un proceso de análisis de los recursos humanos "para aumentar la eficacia y la eficiencia".
"Los 3.354 laborales que hacen trabajo de funcionario si se logran homogeneizar, la herramienta funciona mejor", aseguró.
El diputado socialista, Francisco Hernández Spínola, dijo que había faltado voluntad política por parte del Gobierno para ordenar la función pública, porque hace 22 años que se aprobó la Ley de la Función Pública.
Problema del Gobierno
"El que ha creado el problema es el Gobierno de Canarias y en cualquier proceso de ordenación se debe respetar los principios constitucionales; de igualdad, mérito y capacidad", aseguró Spínola.
"El personal laboral fijo que hace funciones de funcionario debe de acceder a ese puesto de funcionario, pero el proceso debe ser voluntario y no puede ser masivo", agregó.
Preguntó al consejero cómo es que el Gobierno canario contrató a 3.354 personas para ser personal laboral y hacen funciones de funcionario de carrera, ¿lo hizo a sabiendas o se equivocó?, indicó Hernández Spínola.
"Es la ley del péndulo, de un proceso masivo de laboralización que no se paró hasta 2006 y con el que se permitió también enchufar a algún amigo, a un proceso masivo de funcionarización" reprochó el socialista.