El Gobierno de Canarias admitió ayer que "no es fácil", pero que está trabajando en la localización de los 33 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le obliga a pagar en un plazo de 15 días por el caso de la montaña de Tebeto en Fuerteventura, explicó el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Manuel Soria, según informó Europa Press. "En el aspecto financiero estamos trabajando ya para localizar esos 33 millones de euros del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias porque si llega el vencimiento, el Gobierno de Canarias atiende los requerimientos de pago que se le hagan", indicó Soria, quien resaltó que esta tarea "no es fácil". Asimismo, explicó que la Administración canaria "está actuando en un doble frente; jurídico y financiero". Desde el punto de vista jurídico, "el Ejecutivo intenta que los tribunales entren en el fondo de la cuestión porque la indemnización está fuera de lugar".
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, anunció el miércoles que el Gobierno de Canarias acordó que los servicios jurídicos formulen una denuncia ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial contra la magistrada titular del Juzgado Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, por entender que incurrió en una falta grave contemplada en el artículo 418.3 de la Ley Orgánica 6 de 1986. Este artículo, explicó Marrero, prohíbe a jueces y magistrados dirigirse a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones no oficiales con felicitaciones o censuras por sus actos, invocando para realizar esto la condición de juez o sirviéndose de esa condición. Según el responsable autonómico, el Gobierno de Canarias entiende que la magistrada ha podido incurrir en esta falta grave como consecuencia de una entrevista ofrecida el jueves 17 de septiembre a una emisora de radio, donde criticó la actuación del Gobierno con respecto al "caso Tebeto".