La Junta Directiva de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) ha hecho llegar ya a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social los nombres que propone para desempeñar los cargos de director gerente y subdirector de la entidad en sustitución de Norberto Cejas y Concepción Hernández, que fueron suspendidos de sus funciones de manera cautelar el pasado 15 de septiembre.

De este modo, según precisaron fuentes de la Seguridad Social, se cumple con el plazo dado por el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que establecía un periodo de 15 días para que la MAC eligiera a sus dos nuevos máximos representantes.

En estos momentos, la propuesta está siendo estudiada por la Secretaría de Estado liderada por Octavio Granado y se espera estar en disposición de ofrecer una respuesta en el transcurso de los próximos días, aunque todavía no se ha dado a conocer la identidad de las personas que se postulan como los sucesores de Cejas y Hernández.

Nuevo plazo

Además, la Junta Directiva debe presentar un plan de actuación para subsanar las irregularidades detectadas en las cuentas de la MAC, para lo que restan menos de treinta días.

No obstante, Granado ha afirmado en más de una ocasión que confía en que "la Junta Directiva de la entidad isleña cumpla con todos los requisitos solicitados por la Seguridad Social, ya que subraya que no se trata de un conflicto de la MAC, sino de dos de sus directivos, que podrían haber incurrido en un delito de responsabilidades penales, contables y administrativas".

A su vez, recalca que la actuación del Estado "está amparada en el artículo 74.2 del texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con lo establecido en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

Entre tanto, desde el día siguiente a los registros efectuados por una veintena de agentes de la policía judicial en la sede de la MAC en Santa Cruz de Tenerife, tanto las oficinas centrales como los trece centros asistenciales que posee en todo el Archipiélago funcionan con total normalidad, sin que se hayan practicado nuevas intervenciones policiales.