Los dos concejales del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Ayuntamiento de Arrecife que fueron detenidos y encarcelados en el marco de la Operación Unión, en la que se investiga la existencia de una trama de corrupción urbanística en la isla, renunciaron hoy a sus actas como ediles en el Consistorio.

Fuentes municipales confirmaron que tanto Ubaldo Becerra, ex primer teniente de alcalde y responsable del Plan General, como José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda y Urbanismo, formalizaron su renuncia ante la institución, cumpliendo así lo anunciado por los órganos del PIL.

José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra se encuentran en libertad provisional tras ser detenidos en el marco de la Operación Unión, ordenada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife y desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La operación se conoció el pasado 25 de mayo, fecha en la que el juez ordenó un registro en el Ayuntamiento de Arrecife.

La trama de corrupción municipal y urbanística desmantelada en el Ayuntamiento de Arrecife estaba dirigida por varios políticos del PIL y se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresarios, según informó en su día la Guardia Civil.

Poco después de que se iniciara la "Operación Unión" y de que fueran detenidos los dos concejales del PIL, así como varios técnicos municipales y empresarios, el PSOE decidió romper el acuerdo de gobierno que había firmado al comienzo de legislatura con el PIL, por lo que el entonces alcalde, Enrique Pérez Parrilla, del PSOE, se quedó gobernando en minoría.

El pasado 4 de diciembre, el diputado nacional del PP, Cándido Reguera Díaz, fue elegido como nuevo alcalde de Arrecife al prosperar la moción de censura que siete concejales del PIL, entre los que se encontraban los ahora dimitidos, cuatro del PP y dos del PNL presentaron contra el socialista Enrique Prez Parrilla.

El juez que instruye el caso "Unión" a imputado a Becerra y Rodrguez por delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Según el sumario del Caso Unión, los dos políticos del PIL llegaron a pedir y a cobrar comisiones de hasta el 20 por ciento a algunos empresarios a los que habrían concedido obras públicas.

Los ediles admitieron ante el juez César Romero Pamparacuatro haber cobrado comisiones ilegales a empresarios que contrataban con el Ayuntamiento de Arrecife.

Según se afirma en el sumario, los concejales exigían esos pagos para abonar, a su vez, las facturas pendientes del Ayuntamiento con esos empresarios, según la investigación policial y las declaraciones de algunos imputados.

En los escritos de dimisión, registrados en el Consistorio sobre las 12.40 horas, ambos ediles alegan "motivos personales" para justificar su renuncia a las actas pero no hacen ninguna referencia a su implicación en el Caso Unión.