El alcalde de Valle Gran Rey (La Gomera), Ruymán García, ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento defenderá "a ultranza" los derechos adquiridos por los propietarios del suelo próximo al litoral e informó de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha presentado alegaciones al deslinde de Costas comprendido entre Playa del Inglés y Charco del Conde, para salvar el escaso suelo municipal.
Del mismo modo se manifestó en un comunicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alberto Roldán, quien explicó que tras la publicación del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 27 de enero, en el que se somete durante un mes a información pública el citado expediente de deslinde, y tras constatar modificaciones sustanciales en la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, que a juicio del grupo de gobierno vulnera los intereses municipales y de los propietarios del suelo afectado, el Ayuntamiento ha presentado las correspondientes alegaciones.
Precisó que el nuevo expediente de deslinde modifica la servidumbre de protección, que pasa de 20 a 100 metros en algunas zonas declaradas urbanas por el Plan Parcial de la zona Litoral de Valle Gran Rey del año 1973, lo que, subraya "contradice lo establecido en la disposición transitoria 3ª.3 de la Ley de Costas de 1988".
Señaló también que existen sentencias firmes de los tribunales que dan legitimidad a los 20 metros de zona de protección que estableció las Normas Subsidiarias en el frente de la playa de Valle Gran Rey, particularmente en el Recurso 15/1993, seguido a instancia de la Administración General del Estado contra la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, mediante el cual se impugnaban dichas Normas Subsidiarias por no incluir los 100 metros a que se refiere el art 23 de la Ley de Costas.
Alcalde y portavoz municipal insistieron en que, en consecuencia, el Ayuntamiento defenderá los derechos adquiridos por los propietarios del suelo próximos al litoral que ahora pueden ver modificados los patrimonios que se habían mantenido con posterioridad a la Ley de Costas.
Subrayaron, además, que la competencia estatal sobre el medio ambiente se debe compatibilizar con el Planeamiento, así como con la ordenación del territorio y del litoral, que corresponde a las Comunidades Autónomas, tal y como lo dictó el Tribunal Constitucional en su sentencia nº 149/1991, de 4 de julio.
"Asimismo, entendemos, y así lo define la ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que las competencias para definir el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre es la Administración urbanística actuante, que en este caso se corresponde con lo establecido en el Planeamiento de Valle Gran Rey", concluyó Roldán.