LA SITUACIÓN económica es complicada y exige medidas difíciles, pero imprescindibles para reducir el déficit y salir de la crisis. Esta y no otra es la realidad del conjunto de actuaciones anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, medidas que suponen un esfuerzo justificado, y que no dañan pilares básicos del bienestar social.

No se tocan la sanidad ni la educación y se aseguran las prestaciones por desempleo, que quedan fuera del ajuste. Sí se establecen, en cambio, acciones necesarias para reforzar la confianza en la economía y contribuir a la estabilidad financiera; iniciativas que reducirán el gasto en 15.000 millones de euros, y que supondrán un ahorro que también debe imponerse en las comunidades autónomas, distribuyendo el esfuerzo entre los ciudadanos, de manera que los recortes afecten más a quienes más ganan, y se ayude a sanear las arcas públicas.

Las reacciones no se han hecho esperar: el Fondo Monetario Internacional celebró los ajustes, que en boca de su director europeo "son el mejor camino", tal y como ha demostrado, además, el buen recibimiento registrado en las bolsas europeas, con cierres positivos desde el primer día en que se hicieron públicas estas medidas, que, sin embargo, también han generado muchas críticas y la más generalizada apunta que se actúa tarde. Pero ¿acaso no vale más tarde que nunca? Y ¿no es precisamente este retraso el que nos ha permitido mantener ventajas e incluso ahorrar?

No se trata de negar la evidencia, pues ciertamente es duro bajar una media del 5 por ciento el sueldo de los funcionarios este año - la bajada real depende de cada salario- y congelarlo en 2011. Es compresible, por tanto, el malestar de los afectados, entre los que también están los altos cargos públicos, con reducciones del 15%, pero ¿acaso no se precisa de la solidaridad de los que tenemos un trabajo fijo con los millones de parados?

Y es duro también decirle a un pensionista que se para la revalorización de las pensiones, pero no podemos obviar que se aplica sólo a las pagas más altas y contributivas, igual que hay que tener en cuenta que la eliminación de la retroactividad de la ayuda a la dependencia supone que las ayudas se pagarán cuando se aprueben; que las acumulaciones hasta ahora se pagarán en un plazo máximo de 5 años, y que se fija un período de 6 meses para resolver las demandas, lo que conlleva una agilización de las solicitudes, hasta 70.000 nuevos beneficiarios y también más posibilidades de empleo a través de los servicios necesarios.

Asimismo, es poco gratificante que no se vaya a primar el nacimiento de hijos a partir del próximo año y también que se recorten en 6.045 millones de euros las inversiones públicas. Pero ¿acaso tenemos recursos para mantener el gasto? ¿Acaso no estamos ante una ayuda que se adoptó en tiempos mejores y a la que se opusieron muchos de los que hoy critican que se quite? ¿Cuál es la verdadera oposición? ¿Habrá algún interés partidista por parte de quienes están deseando el desastre nacional para alzarse victoriosos sobre las cenizas?

Nada hay más cierto en estos momentos que la necesidad de recuperar la senda del crecimiento y aumentar la confianza en la economía española, lo que obliga a reducir el gasto público y a aplicar un imprescindible plan de austeridad, que también se conseguirá a través del recorte farmacéutico, que ahorrará hasta 1.300 millones de euros anuales, pues ajusta los precios de los medicamentos y apuesta por la unidosis, para que cada paciente tenga exactamente las cantidades que requiere y las sustancias no se acumulen hasta su caducidad en las gavetas de los hogares.

Conviene recordar, además, que todas las medidas anunciadas están en consonancia con las tomadas por la mayor parte de los países de la Eurozona, y se oponen frontalmente a otras realidades como la pérdida de millones de euros por fallos en la gestión de cobro, que ha quedado reflejada esta semana en un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, o las rebajas en Sanidad, Educación, Turismo o Empleo, que aplicará el Ejecutivo regional y de las que también se nos ha advertido esta semana.

Una realidad diferente es la que apunta que han mejorado las previsiones internacionales de nuestro país. Dos claros ejemplos los encontramos en el FMI, que mejora en 2 décimas el PIB nacional y en casi un punto la tasa de paro, y la OCDE, que aumenta en 0,6 puntos el ritmo de expansión. A estos organismos se suman los informes de agencias de clasificación internacional, que valoran el "compromiso creíble del fuerte ajuste del Gobierno español".

Y es que la economía española requiere un esfuerzo que no resulta fácil, menos aún para un Gobierno que se ha empeñado durante años en dirigir sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No obstante, se imponen los sacrificios para entre todos lograr salir adelante. Por tanto, dejemos atrás las disputas; apostemos por la austeridad, y sumemos para que los buenos augurios se cumplan y cuanto antes salgamos de la crisis.

de La Gomera