La deuda acumulada en materia urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asciende a 421 millones de euros (el presupuesto municipal ronda los 300 millones). Esta cifra suma sentencias, terrenos ya ocupados, acuerdos, intereses bancarios y un largo etcétera en su mayoría como consecuencia del Plan General vigente que data del año 2000.
El concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, informó de esta realidad "insostenible" que al final "deberán pagar los ciudadanos" de Las Palmas de Gran Canaria.
"Cuando unos políticos quieren impresionar a los electores poniendo marcas sobre un plano se olvidan que años después esas marcas -sin ficha financiera- se convierten en una losa para las arcas municipales", explicó el concejal.
Hernández añadió que "como no se redactó un Plan General serio en el año 2000, con las correspondientes fichas financieras para acometer los proyectos, los gobiernos municipales entre los años 2000 y 2007 ocuparon suelos sin atender a los legítimos derechos de los propietarios".
Tras desglosar las diferentes deudas urbanísticas que tiene el ayuntamiento como consecuencia, en su mayoría, del Plan General del 2000, Hernández señaló que la política urbanística seguida por los gobiernos anteriores equivale a "hipotecar el desarrollo futuro de nuestra ciudad".