EL PROYECTO de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011 es muy restrictivo y agrava la ya maltrecha situación económica de las corporaciones locales, y especialmente de los cabildos. El examen exhaustivo realizado por técnicos y consejeros de las instituciones insulares no deja lugar a dudas: existe una importante minoración de los ingresos que condiciona fuertemente el gasto público.

El informe de los responsables económicos advierte que de mantenerse las cuentas se provocará el cierre de muchos centros y servicios. Y es que resulta desmedida la reducción que sufren determinadas transferencias y aportaciones a cabildos para afrontar programas que, para mayor gravedad, se dirigen a personas necesitadas y dependientes. Tal es el caso de los planes sociosanitarios, en los que se incluyen las residencias de mayores o los programas para menores nacionales y extranjeros.

Quien elaboró los presupuestos se olvidó de datos tan significativos como la falta de plazas públicas que sufre el Archipiélago, pues tan sólo en La Gomera y ciñéndonos a los hogares de mayores, se superan las trescientas. Pero es que, además, el coste de los centros residenciales en las Islas es el más caro de todo el país, con un promedio que ronda los 2.200 euros por persona y mes. ¿Cómo es posible entonces que bajen los presupuestos?

A conflictos todavía vivos como el que enfrenta al Gobierno regional y los cabildos en torno al Bloque de Financiación Canario (BFC) y la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 9/2003, de 3 abril, que garantiza a las corporaciones locales unos ingresos mínimos equivalentes a los de 2002, y que no ha querido aplicar el Ejecutivo, obligando a las instituciones insulares a exigir la totalidad de recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF), se han sumado las malas dotaciones de competencias transferidas y delegadas, que ahora se agravan con la nula dotación de planes sectoriales.

El fondo de todo no es otro que la necesidad de contar con recursos suficientes para poder responder a las demandas de la población, que lejos de bajar aumentan en épocas de crisis y ante las que, pese a las dificultades económicas y la reducción de recursos, no se puede recortar la acción social de ninguna administración pública, pero menos aún de aquellas a cuya puerta y por cercanía llaman cada día los ciudadanos.

Aún estamos a tiempo de enmendar el Proyecto de Presupuestos, en el que la financiación a los cabildos baja un 14,96 por ciento, en lugar del 8,33 por ciento que se apuntó en la presentación del documento, y supera el 18 por ciento en El Hierro, La Palma y La Gomera, con bajas de 1,7, 5,1 y 2,03 millones de euros, respectivamente.

No están mucho mejor en el resto de las Islas y las cantidades se multiplican y crecen de manera considerable si añadimos la rebaja practicada en programas que venía cofinanciando la Comunidad Autónoma y que se sitúa en el 49,43 por ciento, no sólo en los planes de residencias de mayores o atención a menores antes citados, sino también en programas como el de discapacidad o toxicomanía, además del destinado al mantenimiento de carreteras, el eje transinsular de transportes o el transporte colectivo.

La dotación para el Plan de Infraestructuras y Equipamiento Cultural y el Plan de Conservación y Restauración del Patrimonio es de un euro, lo que resulta particularmente grave en islas como La Gomera, donde el Gobierno regional adeuda al Cabildo seis millones de euros reiteradamente demandados y a los que no se da respuesta. ¿Acaso pretende el Ejecutivo que se acuda a otras vías más allá del diálogo y la política?

En La Gomera exigiremos la continuidad de todos los servicios de la línea marítima interior, pues ¿en qué lugar queda la cohesión territorial de nuestro Archipiélago? ¿Y el impulso a la movilidad? ¿Cómo es posible que se transfiera el mantenimiento de las vías que comunican nuestros pueblos, pero no se pretenda aportar ni un solo euro para llevarlo a cabo? O lo que es aún más importante: ¿cuántas personas hay que dependen de la ayuda de las administraciones públicas para llevar una vida mínimamente digna?

Son muchas las cuestiones sin resolver y todas pueden resumirse en una sola: ¿cree el Gobierno que los cabildos pueden mantener los servicios públicos sin ningún recurso? La respuesta es más que evidente, pues de donde no hay nunca se ha podido sacar, así que, si no se corrigen tantas y tantas lagunas de las cuentas regionales, entre las que también están las importantes mermas que afectan a educación o sanidad, tampoco se podrá hablar de irresponsabilidad cuando se anuncien devoluciones de transferencias.

de La Gomera