Una semana después del cierre del espacio aéreo provocado por el plante de los controladores, que no puede calificarse más que de gravísima irresponsabilidad, aún colea la desconfianza entre los viajeros que no sólo por placer, sino también por necesidad, se ven obligados a subirse a un avión.
Y es que el abandono masivo de los puestos de trabajo que protagonizó el colectivo ha causado una profunda huella en toda la sociedad española, al tiempo que, una vez más, vino a poner de manifiesto y confirmar las desventajas de la lejanía e insularidad que padecemos en territorios como Canarias.
El Archipiélago se quedó aislado y sin ninguna alternativa, como sí tuvieron en la Península e incluso en otras islas como Baleares, que al estar más próximas pudieron conectar con el continente a través del barco. Aquí, sin embargo, no hubo más remedio que quedarse en los aeropuertos o volverse a casa, pero es que, además, y de acuerdo con los datos de la Asociación Hotelera, se perdieron más de 40.000 pernoctaciones tan sólo en la provincia tinerfeña.
La gravedad de la situación es evidente si tenemos en cuenta que el Archipiélago canario vive del turismo, de modo que, aunque se trate de territorios pequeños como las Islas, fueron muchas las afecciones y prueba de ello es el importante número de reclamaciones que ya se han registrado tan sólo en La Gomera, lo que ha llevado al Cabildo insular a poner a disposición de los ciudadanos los servicios de la Oficina Insular de Consumo, donde también se puede recibir asesoramiento.
La gota que colmó el vaso de los controladores, que desde hace meses mantienen una feroz batalla con el Gobierno central, llegó en el momento más inoportuno, pues los encargados de informar y separar los aviones decidieron marcharse justo en un puente de vacaciones, que en Canarias coincide, además, con uno de los momentos del año de mayor ocupación hotelera y extrahotelera.
La acción unilateral puso al Archipiélago y a todo el país en jaque y perjudicó seriamente la debilitada economía afectada por la crisis internacional, ya que, más allá de las pérdidas monetarias, que van desde los cerca de 500 millones de euros calculados por el sector turístico y las líneas aéreas en todo el estado; los 26 millones de euros citados por la Federación Empresarial Canaria de Ocio, Restaurantes, Servicios y Comercio, o los 17,5 millones de euros apuntados por el sector turístico de la provincia tinerfeña, se dañó de forma importante la imagen nacional.
Fueron más de veinte horas las que transcurrieron sin que despegara ni aterrizara ningún vuelo en los aeropuertos del país, que no empezaron a recuperar la normalidad hasta que el Gobierno decretó el estado de alarma. Esta medida movilizó a los controladores y los puso bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad, con riesgo de incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar para el que se fijan multas económicas -sanciones de empleo y sueldo-, penas de cárcel y hasta despidos.
La Fiscalía General del Estado no tardó en actuar y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) también respondió con la apertura de expedientes disciplinarios a los 442 controladores que se ausentaron de su puesto, argumentando razones de estrés o cansancio derivados del exceso de horas de trabajo y la consiguiente incapacidad laboral para desarrollar correctamente sus funciones.
¡Qué curioso! Y así se ha hecho ver desde diversos ámbitos, que esa situación de estrés o cansancio no se produjera cuando se contabilizaban horas extras y se pagaban a precios desorbitados. Lo único que se puede deducir es que, tristemente, todo se limita a dinero, y mucho dinero, además de nervios y paciencia, es lo que han perdido nuestras economías, en general, y los miles y miles de ciudadanos, en particular, que se disponían a disfrutar de unos días de descanso.
Puede que el colectivo laboral tuviera alguna razón que argumentar a su favor, pero con su proceder ha acabado con todas. Justo es, por tanto, que se aplique la justicia, se actúe con firmeza y se tomen todas las medidas necesarias para que el problema no se vuelva a repetir.
* Presidente del Cabildo de La Gomera