En la mañana de ayer acudieron al Juzgado nº 3 de Arrecife, en calidad de imputados, el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el secretario del ayuntamiento sureño, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, por la presunta concesión ilegal de las licencias de ejecución del proyecto Costa Roja en Playa Blanca.

Ya de hecho, el pasado 27 de enero, la magistrada titular del Juzgado, Ángela López Yuste, había desestimado los recursos de reforma de los imputados, contra la primera resolución judicial. Y es que según la jueza, "el exalcalde había dictado los decretos de las licencias a sabiendas de su ilegalidad", a la vez que el secretario y el técnico emitían "informes favorables".

El auto especifica que "tanto las licencias concedidas para el proyecto básico como la de segregación de la parcela infringían la normativa a la vista de la clasificación del suelo y que se otorgaron con clara infracción del procedimiento administrativo aplicable".

Este caso comenzó en 2006, cuando Reyes concedió al promotor Luis Lleó la licencia para el proyecto básico. El Cabildo interpuso un contencioso administrativo en abril de 2007. El secretario insular del PSC, Carlos Espino, interpuso una querella criminal contra los 3 imputados. Sin embargo, José Francisco Reyes concedió la licencia para el proyecto de ejecución, que ayer le llevó al banquillo.

Tenso desalojo

En la mañana de ayer, efectivos de la Policía Local de Tías y de la propia Guardia Civil se las vieron y desearon para poder desalojar 44 viviendas del antiguo complejo turístico Lomas Verdes, en la zona turística de Puerto del Carmen.

Los efectivos policiales cumplían un mandamiento judicial, que requería la entrega de los antiguos apartamentos a la Caja de Canarias, entidad que embargó hace tiempo estas casas. Fue necesario para ello la intervención de 19 agentes de la Policía de Tías, aparte de refuerzos de la Benemérita, debido a que muchos de los "okupas" se negaban a abandonar "sus" moradas.

Al comienzo del desalojo, comenzó a arder uno de los apartamentos, sin que se supiera quién fue el autor del incendio. Más tarde, hubo incidentes entre un "okupa" y otros propietarios de origen británico, con insultos y empujones.