DEFENDER el interés general, obtener respaldo de una formación política o reunir un grupo lo suficientemente amplio para crear una nueva opción, presentarse a las elecciones y salir elegido. Son reglas básicas de la democracia y su finalidad es asegurar el funcionamiento del sistema.

Se forman así los gobiernos, legitimados por la voluntad popular, y cuya composición se ajusta a los resultados de las urnas, del mismo modo que sucede con los grupos sociales, cuya participación es fundamental para la sociedad y cuyos dirigentes son nombrados por la colectividad.

Pero existen, además, normas y mecanismos que regulan el funcionamiento y determinan la representación que a cada uno corresponde. Entre ellos está el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de las corporaciones locales, al que se ajusta la comisión especial para analizar, valorar, sacar conclusiones y determinar las razones del incendio que afectó a La Gomera el pasado verano.

El objetivo principal es buscar medidas y vías para restituir las zonas y los bienes dañados, es decir, apoyar a las familias y a la Isla, aunque también trabajar en positivo para contar con recursos ágiles y eficientes, que permitan evitar la repetición de desgracias como la que vivimos el último agosto.

La clave está en contar con representantes institucionales, con expertos, con técnicos cualificados y con colectivos sociales, una premisa bajo la que el Cabildo de La Gomera pone en marcha una Comisión integrada por el presidente insular o la consejera de Desarrollo del Territorio; 3 miembros de los grupos políticos en la institución insular y 1 representante por los ayuntamientos, además de 3 técnicos forestales y de emergencias; 1 experto científico de la Consejería canaria de Educación, Universidades y Sostenibilidad y otro de la Universidad, 1 representante de colectivos sociales insulares y 1 representante del Seprona.

La Comisión insular sobre el incendio se crea, en definitiva, con la misma legitimidad que cualquier otra comisión del Cabildo. Tiene respaldo legal y no requiere presupuesto expreso, pues funciona con las mismas partidas que el resto.

Han sido muchas las propuestas y muchos los interesados en participar en la Comisión, que finalmente está integrada por 12 personas, un equipo que suma conocimientos, experiencias y defensa del territorio e intereses vecinales; un equipo completo, plural y capaz de debatir y extraer conclusiones.

Ampliar el número sería restar operatividad, y se debe partir del hecho de que existe un gobierno insular con amplio respaldo popular, expresado en las elecciones, y que ha tenido en cuenta las opiniones y los puntos de vista de todos, incluso de los que están en la oposición y aquellos que no han pasado por las urnas, que son requisito imprescindible para poder gobernar y a las que pueden concurrir quien lo deseen, respetando, eso sí, las reglas de la democracia y las decisiones de la mayoría.

Están fuera de lugar los rechazos políticos, porque la composición es institucional, técnica y social. No partidista. Son muy satisfactorias, sin embargo, las posiciones de quienes reclaman más participación, pues ello quiere decir que la sociedad gomera es una sociedad comprometida y dispuesta a defender lo que cree justo. Es necesario, pese a todo, ajustarse a las normas que nos conciernen a todos, además de saber distinguir entre lo legítimo y la legitimidad.

Y son legítimas las demandas de los colectivos sociales, del mismo modo que están legitimados para participar los miembros del Cabildo, elegidos de forma democrática por la ciudadanía y propulsores de la única comisión sobre el incendio que se pondrá en marcha tras la negativa nacional.

Legitimados están los técnicos, cuyo curriculum les avala, y, por supuesto, los representantes municipales. Los cargos públicos representan a la sociedad, de la que también forman parte los colectivos sociales o los técnicos, de ahí su incorporación a la Comisión insular.

La pluralidad y la representatividad están garantizadas; sobra, por tanto, la demagogia de quienes sirven a intereses políticos y partidistas, y sólo cabe esperar buenos resultados, no sin antes matizar que en democracia la no participación también es una opción válida.