La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado seis años de cárcel para el expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín y ocho para el exconsejero de Empleo regional Francisco José Rodríguez Batllori por cargar facturas falsas al Ayuntamiento de Arrecife y a la empresa insular de aguas, Inalsa.

El Ministerio Público sostiene que, desde prisión, Martín ideó un procedimiento para que Batllori cobrara de dos administraciones bajo su control una serie de trabajos inexistentes, que en realidad servían para pagarle las gestiones que estaba realizando para conseguirle el tercer grado penitenciario e interesarse por el resto de causas penales que tenía pendientes.

La Fiscalía considera que, en esta pieza separada del caso Unión, existen indicios suficientes para acusar a Martín y a Rodríguez Batllori de dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación, a los que en el caso del letrado y exconsejero se suma un tercer cargo de falsificación de documentos.

El fiscal también formula acusación contra otros cuatro cargos públicos del PIL: los entonces concejales de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez Sánchez y María Luisa Blanco, y los responsables de Inalsa en aquel momento, la consejera delegada Plácida Guerra y el gerente Rafael Elorrieta, yerno de Dimas Martín.